GettyImagenBruselas está lista para dar un paso que podría cambiar por completo el ecosistema empresarial del bloque: el lanzamiento del régimen EU Inc, un modelo corporativo inspirado en Delaware que promete simplificar la vida de emprendedores y startups.
La propuesta se presentará esta semana y se centra en la digitalización total y la reducción drástica de los trámites burocráticos.
Según los detalles de un borrador que publica Expansión, las empresas podrán constituirse en apenas 48 horas y con un coste máximo de 100 euros, con la posibilidad de iniciar operaciones con capital social cero.
Un cambio radical frente a los procedimientos actuales, que pueden tardar semanas o meses y costar entre 3.000 y 25.000 euros según el país.
El sistema se basará en una ventanilla única digital, conectada al sistema BRIS, que permitirá realizar todas las operaciones empresariales —registro, sucursales, inversión o liquidación— sin necesidad de desplazarse físicamente ni presentar documentación repetida.
Solo se requerirá traducción certificada cuando sea estrictamente necesaria, por ejemplo, para procedimientos judiciales.
La propuesta de Bruselas
EU Inc será un reglamento obligatorio, directamente aplicable en todos los Estados miembros, aunque mantendrá competencias nacionales en áreas como impuestos y seguridad social.
El régimen está abierto tanto a empresas de nueva creación como a compañías ya existentes que deseen reformularse bajo estas reglas armonizadas.
El enfoque está especialmente diseñado para microempresas, startups y scale ups innovadoras, con límites de cuatro empleados, 300.000 euros en activos y 200.000 euros de ingresos anuales.
Además, el régimen incluye procesos acelerados de insolvencia y liquidación, que van de tres a seis meses dependiendo de si existen deudas, con procedimientos simplificados y subastas digitales transfronterizas.
EU Inc también facilitará la expansión internacional dentro de la UE, permitiendo abrir sucursales o filiales en otros países sin tener que repetir trámites y otorgando certificados digitales que reconocen la existencia legal de la empresa en procedimientos administrativos y judiciales extranjeros.
Con esta iniciativa, la Comisión Europea pretende acabar con la fragmentación normativa y los altos costes que enfrentan emprendedores e inversores, ofreciendo un entorno ágil y competitivo que pueda impulsar la innovación y la inversión transfronteriza en el bloque comunitario.