La Comisión Europea ha reactivado el expediente abierto contra España por las medidas regulatorias aplicadas en la operación frustrada de la OPA de BBVA sobre Sabadell, al enviar una nueva carta de emplazamiento en la que incorpora nuevas infracciones detectadas tras la actualización del marco normativo europeo.
Bruselas amplía así su investigación sobre la legislación española utilizada para intervenir en la operación bancaria, al considerar que parte de las normas empleadas ya no se ajustan a la directiva comunitaria recientemente en vigor.
El procedimiento, abierto en julio del pasado año, se centra en las supuestas irregularidades detectadas en el marco legal que el Gobierno utilizó para condicionar o dificultar la transacción entre ambas entidades financieras, finalmente no consumada.
Desde entonces, la Comisión Europea ha revisado su análisis jurídico tras la entrada en vigor de la directiva CRD VI, cuyo plazo de transposición a los ordenamientos nacionales expiró el 10 de enero de 2026.
En este contexto, Bruselas ha ampliado el alcance del expediente. “Ha incluido las disposiciones pertinentes de los nuevos textos entre las infracciones identificadas”, según ha explicado la institución en un comunicado oficial.
Dudas sobre la OPA
La Comisión considera que las medidas españolas analizadas no son compatibles con el nuevo marco regulatorio europeo, que regula las operaciones de consolidación en el sector bancario, incluidas fusiones, adquisiciones y reestructuraciones relevantes para entidades de crédito.
“Las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco de la CRD VI que regula las adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afecten a las entidades de crédito”, subraya el Ejecutivo comunitario, que refuerza así sus objeciones iniciales.
Bruselas añade además que este tipo de operaciones tiene un impacto directo en la arquitectura financiera de la Unión Europea.
“Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la Unión Bancaria”, recuerda la Comisión.
El movimiento incrementa la presión sobre España en un procedimiento que sigue abierto y que podría derivar en nuevas fases sancionadoras si no se corrigen las discrepancias señaladas por las autoridades comunitarias.
