BruselasLa Comisión Europea se muestra reticente a impulsar un mecanismo común para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas derivados de la crisis en Oriente Próximo, pese a la presión de varios Estados miembros.
El Ejecutivo comunitario, presidido por Ursula von der Leyen, ultima un paquete de medidas para hacer frente al impacto económico del conflicto con Irán, pero descarta, por ahora, establecer un impuesto coordinado a nivel europeo sobre las llamadas “ganancias caídas del cielo”, adelanta El País.
División entre Bruselas y los Estados
Países como España, Alemania, Italia, Austria y Portugal han solicitado formalmente a Bruselas la creación de un marco legal común que permita gravar estos beneficios extraordinarios y evitar que el coste de la crisis recaiga únicamente en consumidores y cuentas públicas.
Sin embargo, la Comisión apuesta por una solución más descentralizada: dejar en manos de cada Estado miembro la adopción de este tipo de medidas fiscales, recordando que la política tributaria sigue siendo competencia nacional.
Medidas alternativas ante la crisis energética
En lugar de un impuesto europeo, el plan que Bruselas presentará en los próximos días incluye medidas orientadas a reducir el consumo energético y mitigar el impacto económico, como:
- Impulso del teletrabajo obligatorio un día a la semana
- Reducción del uso de edificios públicos
- Limitación de viajes de negocios en avión
- Refuerzo del transporte público
- Mayor electrificación de la economía
También se contempla una mayor flexibilidad en las ayudas de Estado para sectores especialmente afectados, como el transporte o la agricultura.
El precedente de 2022 no convence
Los países impulsores de la medida recuerdan el precedente de la crisis energética tras la invasión de Ucrania, cuando la UE aprobó en tiempo récord un gravamen temporal sobre energéticas. Consideran que la actual situación presenta paralelismos suficientes para repetir esa fórmula.
No obstante, desde Bruselas se insiste en que el contexto actual es diferente. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha señalado que “nada impide” a los Estados aplicar este tipo de impuestos por su cuenta, mientras que el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, ha advertido de las dificultades legales de una medida a escala europea.
Presión creciente y debate abierto
La negativa de la Comisión ha generado creciente impaciencia tanto entre algunos gobiernos como en el Parlamento Europeo, donde voces como la del eurodiputado socialista Nicolás González Casares reclaman mayor ambición y una respuesta coordinada.
El debate refleja las tensiones dentro de la Unión Europea sobre cómo repartir el coste de una crisis energética marcada por la volatilidad de los mercados y el impacto del conflicto en Irán, especialmente tras las disrupciones en rutas clave como el estrecho de Ormuz.
Por ahora, Bruselas opta por la prudencia y la descentralización, mientras los Estados miembros mantienen la presión para lograr una respuesta conjunta más contundente.