Así pide Bruselas regular las viviendas turísticas y las segundas residencias en zonas tensionadas. La Comisión Europea ha planteado un marco legal que permitirá a autoridades locales establecer restricciones sobre plataformas de alquiler de corta duración como Airbnb y sobre la compraventa de segundas viviendas.
Bruselas condiciona estas actuaciones a que sean proporcionadas, estén justificadas con datos y tengan una duración limitada. La Ley de Vivienda Asequible no fija medidas aplicables automáticamente, sino que plantea un análisis caso por caso.
Las autoridades deberán acreditar que la actividad regulada genera un efecto adverso significativo sobre el mercado de la vivienda, atendiendo a factores como su escala, frecuencia o carácter comercial.
¿Qué exige Bruselas?
Para imponer restricciones, los municipios tendrán que demostrar que las tensiones del mercado persisten durante al menos tres años y que no existen alternativas menos restrictivas igual de eficaces.
Las medidas deberán respetar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales, y limitarse a zonas declaradas como tensionadas. Entre los ejemplos figura mercado donde el coste de una vivienda supera los ingresos netos de ocho años.
Las restricciones tendrán una duración de cinco años y serán revisables mediante nuevas evaluaciones. Bruselas recalca que estas políticas no deben sustituir la construcción ni la renovación de vivienda.
En relación con las segundas residencias y viviendas vacías, la Comisión reclama claridad jurídica y señala que las condiciones de compra no podrán aplicarse con carácter retroactivo. También deberán contemplarse ausencias prolongadas e ingresos hospitalarios.
Teresa Ribera defendió que «cuando el mercado no logra proporcionar algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar».
