BruselasBruselas ha presentado este jueves tres propuestas legislativas que buscan adaptar la normativa comunitaria a la revisión de las reglas fiscales.
Entre ellas, destaca una reforma para relajar las sanciones a los Estados miembros que superen los límites del 60% de deuda pública o del 3% de déficit sobre el PIB.
Bruselas quiere modificar el reglamento de sanciones con el fin de eliminar disposiciones que considera «obsoletas» y que no encajan en el nuevo marco fiscal.
El objetivo es que los expedientes por déficit excesivo y las sanciones financieras se integren en un único mecanismo, evitando contradicciones o duplicidades.
La propuesta busca también introducir un enfoque más gradual y proporcional, en lugar de medidas rígidas y automáticas.
«Seguimos manteniendo una postura muy cauta, pero creemos que un poco más razonable en términos del equilibrio entre los riesgos y la supervisión», explicó un alto funcionario europeo.
Hasta ahora, las sanciones incluían un depósito con interés del 0,2% del PIB en caso de desviaciones significativas. Con la nueva propuesta, las multas se aplicarían de manera escalonada, en función de la magnitud y persistencia del incumplimiento. Además, si un país corrige su desviación a tiempo, podrá evitar la sanción y recuperar el depósito.
Más vigilancia en Bruselas
Además de reformar las sanciones, la Comisión plantea una vigilancia financiera más flexible, ajustada al riesgo real de reembolso de cada Estado. La idea es adaptar la intensidad de la supervisión en función de la situación específica de cada economía, en lugar de aplicar un mismo nivel de control para todos.
Otro de los cambios presentados afecta al mecanismo de balanza de pagos para países fuera de la eurozona. Bruselas propone sustituir el sistema actual por un modelo de financiación diversificada, inspirado en el fondo anticrisis y en la asistencia macrofinanciera a Ucrania, con el fin de aumentar la eficiencia y la capacidad de respuesta.
Con estas propuestas, el Ejecutivo comunitario busca dar un paso hacia un marco fiscal más realista y operativo, en el que la disciplina se combine con mecanismos de supervisión y sanción más adaptados a las circunstancias actuales de la Unión Europea.