La Comisión Europea autorizó un nuevo pago de fondos europeos a España en el marco del plan de recuperación y resiliencia, aunque con una reducción sustancial respecto a lo previsto inicialmente.
En total, Bruselas descontó unos 1.100 millones de euros por el incumplimiento de compromisos clave asumidos por el Gobierno español.
La penalización más significativa —más de 626 millones de euros— se debe a la ausencia de una compensación adecuada para el personal interino en la administración pública.
“El pago de 626.615.891 euros se suspenderá del/de los desembolso(s) posterior(es) de la ayuda no reembolsable”, comunicó la Comisión, haciendo referencia a lo estipulado en la Decisión de Ejecución del Consejo del 15 de julio de 2021, que estableció las condiciones para la aprobación del plan español.
Junto a esta medida, Bruselas también aplicó otro recorte, cercano a los 500 millones de euros, por la falta de aplicación de la subida fiscal al diésel.
Esta reforma figuraba entre las condiciones del programa presentado por España para acceder a los fondos europeos y, al no haberse llevado a cabo, ha derivado en una disminución del importe transferido.
España y los fondos europeos
Aunque estos recortes no suponen la cancelación total del pago, sí alteran de forma significativa los ingresos que el Ejecutivo español esperaba recibir en esta fase del programa.
La Comisión reiteró que seguirá vigilando de cerca el cumplimiento de los compromisos asociados a los fondos Next Generation EU y recordó que cualquier desvío en las reformas pactadas puede derivar en ajustes financieros similares.
Este revés se produce en un momento en que el Gobierno necesita mantener la confianza de Bruselas para continuar accediendo a los recursos europeos, clave en la financiación de proyectos de modernización e impulso económico tras la pandemia.

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