HaciendaEl Gobierno ha activado una de las reformas más esperadas en materia fiscal y digital: la aprobación del Real Decreto que pone en marcha la factura electrónica obligatoria.
La medida supone un cambio estructural en la relación entre empresas y Administración, aunque su aplicación será progresiva.
El despliegue no será inmediato. Antes, la Agencia Tributaria deberá crear una plataforma pública, gratuita y de uso voluntario en una primera fase, que servirá como base del sistema.
Solo tras la aprobación de la Orden Ministerial comenzará la cuenta atrás para su implantación obligatoria.
Los plazos serán escalonados. Las empresas que facturen más de ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, mientras que pymes y autónomos dispondrán de dos años.
Se trata de un margen diseñado para facilitar la transición en los segmentos menos digitalizados del tejido empresarial.
Lo nuevo de la factura electrónica
El nuevo modelo ofrece dos vías de cumplimiento. Por un lado, las compañías podrán utilizar plataformas privadas, siempre que estén conectadas con el sistema público, remitiendo una copia de cada factura. Por otro, podrán operar directamente a través de la solución de Hacienda.
El control será más exhaustivo. Las empresas deberán informar no solo de la emisión de la factura, sino también de su aceptación, rechazo y pago, lo que permitirá a la Administración tener una trazabilidad completa de las operaciones comerciales.
Además, los plazos de reporte variarán según el tamaño empresarial. Las grandes compañías deberán comunicar estos datos antes, mientras que las más pequeñas contarán con más tiempo para adaptarse a las exigencias del sistema.
La obligación afectará únicamente a operaciones entre empresas y profesionales. Los negocios que operan con consumidores finales podrán seguir utilizando tiques simplificados, evitando así un impacto directo en actividades cotidianas como la hostelería o los servicios personales.
Desde el Ejecutivo se subraya el potencial económico de la medida. La digitalización de la facturación puede generar ahorros millonarios, como ya ocurre en sectores avanzados.
Según el ministro de Economía, el impacto podría alcanzar hasta 8.000 millones de euros si se replica el modelo de países como Italia.
En definitiva, la factura electrónica no solo busca mejorar el control fiscal, sino también modernizar el tejido empresarial y reducir costes operativos, marcando un antes y un después en la gestión financiera de las empresas españolas.