ApagónLa presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha defendido en el Congreso que el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 no se produjo por falta de regulación, sino en un contexto con mecanismos “suficientes” para controlar la tensión del sistema.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Fernández fue tajante: “en ningún momento se produjo un vacío normativo”, pese a que el procedimiento clave para el control de tensión —el denominado OP 7.4— no se actualizó hasta un mes después del incidente.
La responsable del supervisor subrayó que el sistema contaba ese día con normas vigentes y de obligado cumplimiento, conocidas tanto por los agentes como por el operador.
El foco, por tanto, se desplaza desde la norma hacia la operativa y la gestión del sistema eléctrico.
Fernández recordó que la CNMC llevaba trabajando en la revisión de este procedimiento desde 2020, en colaboración con Red Eléctrica. En su análisis, el mercado eléctrico ha cambiado de forma sustancial en los últimos años.
“Está en constante evolución, y nuestra función consiste en adaptar la regulación a esa realidad evolutiva del mercado”, señaló.
Sobre el origen del incidente, la presidenta reiteró que fue consecuencia de una combinación de factores. El apagón respondió a una “serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”, descartando una causa única.
Investigación sobre el apagón
En paralelo, la CNMC ha abierto 20 expedientes sancionadores que afectan a Red Eléctrica, las tres grandes eléctricas, además de Repsol y Bahía de Bizcaia Electricidad.
El organismo ha detectado indicios de incumplimientos que podrían derivar en infracciones administrativas.
En el caso concreto de Red Eléctrica, se investiga una posible infracción “muy grave”. No obstante, Fernández precisó que la eventual sanción no corresponde a la CNMC, sino al Ministerio para la Transición Ecológica, en línea con el diseño legislativo actual.
El análisis del apagón ha exigido una revisión técnica de gran envergadura. La CNMC ha examinado más de 13 GB de información y miles de folios, reflejo de la complejidad del sistema eléctrico y del propio incidente.
A partir de ahora, el proceso entra en fase administrativa. “Se abre una fase… en la que los interesados podrán formular alegaciones”, explicó Fernández, marcando el inicio de un procedimiento que aún deberá esclarecer responsabilidades en uno de los episodios más relevantes del sistema energético reciente.