El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto del Estatuto del Becario, un marco normativo destinado a regular las prácticas formativas y frenar el fraude laboral que afecta a estudiantes.
De entrar en vigor, las empresas deberán adaptarse a nuevas obligaciones que afectan tanto a la compensación de gastos como a la duración y naturaleza de las prácticas.
Entre los principales cambios, el estatuto establece que los estudiantes que no perciban nómina deberán recibir compensación por transporte y manutención, asegurando que las prácticas no generen costes para los jóvenes.
Además, las prácticas extracurriculares se limitan a 480 horas, la mitad de lo permitido hasta ahora, y deberán estar vinculadas directamente al plan formativo del estudiante, reduciendo el uso de becarios para tareas rutinarias o productivas ajenas a su formación.
El anteproyecto también refuerza el régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar 225.000 euros para empresas que incumplan las nuevas obligaciones.
Las entidades tendrán que revisar sus procesos internos de contratación y seguimiento, garantizar documentación que acredite la vinculación con el plan de estudios y ajustar sus sistemas de control para cubrir los gastos de los becarios no remunerados.
En el plano laboral, la norma no obliga a remunerar a todos los becarios, pero establece criterios claros para diferenciar entre quienes ya perciben nómina y quienes dependen de compensaciones mínimas, generando la necesidad de gestionar correctamente estas distinciones en nóminas y contabilidad.
Las observaciones sobre el Estatutos del Becario
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha advertido sobre la complejidad para las empresas: “No van a tener seguridad jurídica para llevarlo a cabo”, debido a que la definición legal de becario aún plantea dudas.
Asimismo, señaló que las compañías deberán actuar de buena fe mientras se ajustan a un marco regulatorio incierto, y alertó de posibles conflictos si se considera que un becario mal contratado podría convertirse en trabajador fijo.
El Estatuto del Becario busca equilibrar formación y protección, pero su entrada en vigor supondrá ajustes operativos y financieros significativos para empresas y universidades, además de una supervisión más estricta de las prácticas, en un intento de garantizar transparencia y evitar abusos en el entorno laboral de los estudiantes.

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