Pedro SánchezEn un movimiento destinado a transformar la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el Gobierno español ha iniciado un ambicioso plan para incorporar 40.000 viviendas a una nueva Empresa Pública de Vivienda. La estrategia tiene como objetivo abordar la emergencia habitacional que atraviesa el país, marcando un cambio radical en la naturaleza de esta entidad creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos resultantes de la crisis financiera de 2008.
Una transición histórica: del rescate bancario a la solución habitacional
La Sareb, conocida coloquialmente como «banco malo», fue concebida inicialmente como un depósito de activos inmobiliarios problemáticos, acumulados por las cajas de ahorro durante la burbuja inmobiliaria. Ahora, bajo el mandato del presidente Pedro Sánchez, se busca reconvertirla en un instrumento clave para la política pública de vivienda. Según las declaraciones del Ejecutivo, se espera que las primeras transferencias de propiedades se completen en un plazo de 18 meses.
El plan prevé integrar 13.000 viviendas actualmente en régimen de alquiler social gestionado por la Sareb, otras 15.000 que requieren rehabilitación y un último lote de 10.000 cuya tipología aún no se ha especificado. Además, se traspasarán extensos suelos destinados a futuros proyectos de vivienda social, incluyendo los vinculados al proyecto Viena, un modelo de colaboración público-privada.
Implicaciones económicas y administrativas
La operación tendrá un coste estimado de 4.000 millones de euros, que serán asumidos por el Estado. Esta cifra incluye tanto el valor de las propiedades como el proceso de adaptación y rehabilitación necesario para integrarlas al parque público de alquiler asequible. «El Ministerio de Hacienda se encargará de determinar la compensación económica adecuada», explicaron fuentes gubernamentales.
A pesar del optimismo mostrado por Moncloa, los desafíos logísticos y financieros son considerables. Sareb aún arrastra una deuda significativa: de los 50.781 millones de euros emitidos inicialmente, solo ha devuelto un 42,1% hasta la fecha. Además, su mandato original, centrado en liquidar activos antes de 2027, podría extenderse o modificarse, una decisión que recaerá en el Ministerio de Economía.
Obstáculos en el camino: Árqura y los fondos interesados
La iniciativa también afecta a Árqura, la promotora inmobiliaria de Sareb. Su proceso de venta, en marcha hasta hace poco, fue paralizado al conocerse los planes del Gobierno. Esta decisión ha generado inquietud entre los inversores privados que habían mostrado interés en adquirirla. Por el momento, la transferencia de parte de los suelos de Árqura a la nueva empresa pública está bajo análisis.
Reacciones y críticas
La propuesta ha suscitado reacciones diversas. Mientras que algunos expertos valoran la medida como un paso crucial para aumentar el acceso a viviendas asequibles, otros advierten sobre los riesgos de gestión y los posibles retrasos en la implementación. La Sareb, creada durante el mandato de Mariano Rajoy y símbolo de la crisis bancaria, ha estado en el centro de múltiples controversias. Ahora, la transformación de su rol podría abrir un nuevo capítulo en su historia.
Mirando hacia adelante
El Gobierno asegura que el traspaso de viviendas y suelos a la nueva Empresa Pública de Vivienda es solo el comienzo de un esfuerzo más amplio para enfrentar la emergencia habitacional. Con un déficit significativo en el parque de viviendas sociales y una demanda creciente, este proyecto podría marcar un punto de inflexión en la política habitacional de España.
La integración de Sareb en esta estrategia representa un cambio estructural en la manera en que el Estado aborda la vivienda como un derecho esencial. Sin embargo, la viabilidad del plan dependerá de su ejecución y de la capacidad para equilibrar los intereses económicos y sociales en juego.
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