GettyImagenEl Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha declarado “inválidos” los aranceles del 10% impulsados por Donald Trump en febrero, en una decisión que supone un nuevo revés judicial para la política comercial de la Casa Blanca.
El fallo, sin embargo, no implica su retirada general ni abre la puerta a reembolsos masivos.
La resolución, adoptada por una ajustada mayoría de 2 a 1 en un panel dividido, limita sus efectos directos a los demandantes del caso: el estado de Washington y las compañías Burlap & Barrel y Basic Fun!.
Aun así, el pronunciamiento podría servir de base para futuras reclamaciones de otros importadores.
En su argumentación, el tribunal considera que la imposición de estos gravámenes bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 no se ajusta a derecho.
“Es inválida y los aranceles impuestos a los demandantes carecen de autorización legal”, recoge la sentencia, que cuestiona el uso del marco normativo invocado por el Ejecutivo.
Los tribunales sobre los aranceles
El núcleo del debate jurídico gira en torno a la interpretación de los déficits económicos. Según el tribunal, la Administración fundamentó su decisión en los déficits de cuenta corriente y en un “déficit comercial considerable y grave”, en lugar de los criterios de balanza de pagos contemplados en la norma original.
En este sentido, el fallo subraya que ambos conceptos no son equivalentes. “Son conceptos distintos, y la ley reconoce esta distinción”, señala la resolución, que insiste en que el marco legal de 1974 no respalda la lectura aplicada por la Casa Blanca.
Además, el tribunal apunta que la propia justificación del Gobierno no se apoya en los indicadores históricos utilizados para activar este tipo de medidas comerciales, lo que debilita su base jurídica.
Uno de los magistrados discrepó del criterio mayoritario y consideró “prematuro” el pronunciamiento, dejando constancia de la división interna del panel.
La decisión aún no es definitiva. El Ejecutivo puede recurrir ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y, eventualmente, llevar el caso ante el Tribunal Supremo, lo que abre un nuevo capítulo en el pulso judicial sobre la política arancelaria estadounidense.