Congreso de los DiputadosEl Congreso de los Diputados analizará este martes la reforma legal pactada entre el Gobierno y Junts para obligar a las grandes empresas a ofrecer servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado.
La medida, impulsada por el partido de Carles Puigdemont y defendida en la Cámara por la portavoz Míriam Nogueras, establece que las compañías de más de 250 empleados, con una facturación superior a 50 millones de euros o que presten servicios de interés general —como eléctricas, telefónicas, transportes o plataformas digitales— deberán responder a reclamaciones y consultas en la misma lengua en la que el cliente se dirija a ellas.
Debate en ponencia y posiciones enfrentadas
El martes se reunirá la ponencia parlamentaria encargada de estudiar el texto, que acumula 234 enmiendas. Entre ellas, varias de Junts buscan precisar que las comunicaciones escritas y telefónicas se adapten siempre a la lengua solicitada por el consumidor, suprimiendo la obligatoriedad de contestar “como mínimo” en castellano.
El anuncio de la formación independentista ha provocado malestar en el sector empresarial y críticas de PP y Vox, que rechazan la iniciativa.
Por su parte, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, matizó que la intención del Gobierno es que la obligación se limite a las comunidades donde las lenguas son oficiales, y únicamente para grandes compañías, no para pequeños comercios.
Más derechos para el consumidor
El proyecto también incluye otras medidas relevantes:
Garantizar que los clientes puedan ser atendidos por personas y no máquinas, con un tiempo máximo de espera de tres minutos para reclamaciones.
Prohibir las llamadas comerciales no consentidas, declarando nulos los contratos cerrados por esta vía.
Obligar a las empresas a avisar con 15 días de antelación de las renovaciones automáticas de servicios online.
Poner freno a las reseñas falsas en internet y a los precios engañosos en la venta online de entradas o billetes.
La ponencia deberá consensuar el texto antes de elevarlo a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales, y posteriormente al Pleno del Congreso. Si se aprueba, pasará al Senado, donde continuará la tramitación parlamentaria.