GettyImagenEl fraude eléctrico detectado por Endesa en los últimos cinco años alcanza una dimensión difícil de ignorar: equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, una cifra comparable a Barcelona y Sevilla juntas.
“Este dato evidencia la magnitud de un problema que pone en riesgo la seguridad física de las personas, deteriora la calidad del suministro eléctrico y encarece la factura de todos los consumidores”, dice la firma en un comunicado.
La filial de redes de la compañía, e-distribución, ha intensificado la detección en 2025, año en el que se registraron 72.700 fraudes, el máximo del último lustro.
Esto supone una media de 200 casos diarios y más de ocho cada hora, en un contexto de incremento sostenido desde 2021.
Entre 2021 y 2025, la compañía cerró más de 320.000 expedientes y recuperó 3.750 GWh de energía. Sin embargo, el problema trasciende lo económico: se trata también de un riesgo estructural para la seguridad de las instalaciones y de los ciudadanos.
“En los últimos años se han registrado numerosos casos de incendios con origen en un fraude eléctrico, e incluso electrocuciones que han acabado con la vida de personas”, se lee en el informe.
La manipulación de la red provoca además cortes de suministro que degradan la vida diaria en barrios y zonas afectadas.
Uno de los focos más relevantes es el cultivo ilegal de marihuana en interiores. Estas instalaciones, conectadas de forma fraudulenta, consumen grandes cantidades de energía de forma continua y llegan a colapsar infraestructuras locales.
Los impactos que registra Endesa
El impacto es significativo: una plantación indoor promedio consume lo mismo que 80 viviendas. España concentra el 73% de las incautaciones de plantas en la UE, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025.
En cinco años, Endesa ha desmantelado 10.600 plantaciones en colaboración con las fuerzas de seguridad. Solo en 2025 se retiraron 1.850 instalaciones, con 182,7 millones de kWh recuperados.
Las organizaciones implicadas emplean métodos cada vez más sofisticados, desde tendidos ilegales de más de un kilómetro hasta la manipulación de centros de transformación, lo que incrementa el riesgo operativo.
El problema también afecta a los trabajadores de la red. En 2025 se registraron 58 agresiones durante actuaciones contra el fraude, dentro de un total de un centenar en los últimos cuatro años.
Ante este escenario, la compañía impulsa canales de denuncia anónima, que en 2025 derivaron en 22.000 inspecciones y casi 6.000 actuaciones sobre suministros irregulares.
En paralelo, el debate regulatorio gana peso. La Fiscalía ya advertía de la baja severidad del marco español frente a otros países europeos.
Endesa valora el refuerzo normativo reciente, que introduce agravantes y penas de prisión para los casos vinculados a plantaciones ilegales, en un intento de frenar un fenómeno que sigue creciendo y tensionando la red eléctrica.