Pedro SánchezEl Gobierno ha activado su respuesta ante la escalada geopolítica en Oriente Próximo con un paquete de medidas de gran alcance.
El plan, dotado con 5.000 millones de euros y articulado en 80 iniciativas, busca amortiguar el impacto energético y económico sobre hogares y empresas, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios y la incertidumbre global.
Pedro Sánchez ha defendido que España parte de una posición sólida. “Estamos mejor preparados que la mayoría de países de nuestro entorno”, aseguró tras un Consejo de Ministros extraordinario marcado por tensiones internas y negociaciones de última hora dentro del Ejecutivo.
El núcleo del plan se centra en una rebaja fiscal directa sobre la energía, con la reducción del IVA de carburantes, luz y gas del 21% al 10%.
A ello se suma la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, lo que permitirá una caída efectiva del precio de hasta 30 céntimos por litro.
El Ejecutivo también ha introducido mecanismos de control. Se habilitará a la CNMC para vigilar los precios y se aplicará un control de márgenes empresariales, una de las exigencias clave de Sumar tras un pulso político que retrasó la aprobación del paquete más de dos horas.
En paralelo, el plan incluye ayudas específicas para sectores estratégicos. Transportistas, agricultores y empresas electrointensivas recibirán apoyos directos, mientras que se refuerzan incentivos fiscales para la eficiencia energética, el autoconsumo y la movilidad eléctrica.
El escudo del Gobierno
El componente social vuelve a ocupar un lugar central. El Gobierno recupera el llamado “escudo social”, con la prohibición de cortes de suministro a consumidores vulnerables y un refuerzo del bono eléctrico, que alcanzará descuentos de hasta el 57,5% en los casos más graves.
No obstante, las medidas en vivienda han quedado fuera del decreto principal.
La prórroga de alquileres y la limitación de desahucios se tramitarán en un segundo texto, cuya aprobación parlamentaria no está garantizada.
El Ejecutivo confía en que el plan beneficie a 20 millones de hogares y tres millones de empresas, aunque su recorrido dependerá ahora del Congreso.
En un escenario de alta incertidumbre, Moncloa apuesta por combinar urgencia y control para contener el golpe económico de la crisis energética.