El equilibrio de poder en Indra vuelve a tensarse. El Gobierno prevé reunirse esta semana con su presidente, Ángel Escribano, según confirma El Economista.
El encuentro serviría para negociar su salida, en un movimiento que refleja el creciente malestar en Moncloa con la gestión y el rumbo estratégico de la compañía.
La cita, que podría celebrarse este viernes, llega tras días de intensas maniobras por parte de la SEPI.
El detonante ha sido la desconfianza sobre la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una operación que ha pasado de ser prioritaria a generar dudas dentro del Ejecutivo.
Pese a la presión, Escribano no contempla dimitir. Su resistencia añade incertidumbre a una compañía donde las fricciones en la cúpula se han intensificado, especialmente con el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, cada vez más alineado con las posiciones del Gobierno.
De hecho, la SEPI ya perfila un escenario alternativo en el que De los Mozos asumiría el liderazgo si se produce un relevo. La posibilidad de cambio no es menor: el Estado controla el 28% del capital y mantiene una influencia decisiva en las grandes decisiones.
La decisión de Ángel Escribano
El mercado no ha permanecido ajeno a este pulso. Las acciones de Indra cayeron un 4,19% en la última sesión, tras llegar a desplomarse hasta un 8% durante la jornada.
La incertidumbre sobre la gobernanza vuelve a penalizar la cotización, como ya ocurrió en episodios anteriores.
En el fondo del conflicto está el diseño de la integración con EM&E. El plan inicial, una fusión por absorción, implicaba que el peso accionarial de los hermanos Escribano se acercara peligrosamente al del propio Estado, un escenario que ha encendido las alarmas en el Ejecutivo.
Desde entonces, el consejo ha explorado distintas alternativas, sin lograr avances claros.
El estancamiento ha llevado a Moncloa a intervenir, consciente de que la operación corre el riesgo de encallarse definitivamente.
Mientras tanto, Escribano mantiene el respaldo del consejo y de parte del accionariado, aunque su posición queda condicionada por el Gobierno, su principal cliente.
Una eventual salida podría rebajar tensiones, pero no resolvería todos los frentes abiertos.

Ángel Escribano