GettyImagenEl Gobierno eliminará definitivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) tras más de una década de vigencia, en un proceso progresivo que se completará en 2028.
La decisión supone el desmantelamiento de un gravamen del 7% sobre los ingresos de la generación eléctrica que ha sido trasladado, de forma directa o indirecta, a la factura de los consumidores.
¿De dónde viene el Impuesto?
El tributo se creó en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente a un déficit de tarifa. Que entonces superaba los 24.000 millones de euros y que al año siguiente rozó los 30.000 millones.
Desde su origen, el impuesto fue objeto de críticas por parte del sector energético y de los consumidores, al considerar que afecta a la competitividad y encarece el precio final de la electricidad.
Según explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la eliminación del impuesto se aplicará de forma progresiva durante 18 meses.
Dentro del nuevo paquete de medidas para responder a la crisis derivada de las tensiones en Oriente Medio.
¿Cómo será la eliminación?
El calendario prevé que, a partir del 1 de julio, el gravamen se reactive con una reducción del 30% respecto a su tipo habitual, que aumentará al 40% en el cuarto trimestre. En 2027, el impuesto se situará en el 3,5% y desaparecerá de forma definitiva en 2028.
El Ejecutivo estima que, una vez completada la eliminación, la medida supondrá una rebaja media del 6% en la factura eléctrica.
Durante la suspensión temporal aplicada en el anterior plan anticrisis. El Gobierno compensó los ingresos del sistema con un crédito extraordinario de 450 millones de euros para cubrir los llamados cargos eléctricos.
Estos incluyen la amortización del déficit de tarifa, cuya deuda remanente continuará reduciéndose hasta su desaparición prevista para finales de 2026.
El sector eléctrico llevaba años reclamando su eliminación, especialmente tras la decisión de Portugal de suprimir su mecanismo equivalente.
Las grandes compañías del sector, junto con asociaciones de consumidores, han denunciado su impacto sobre la competitividad y su carácter distorsionador en el mercado ibérico.
El Ejecutivo pone fin a un impuesto concebido en un contexto de crisis del sistema eléctrico que hoy. Según el propio Gobierno, ha dejado de tener justificación estructural.