El Gobierno prepara nuevas restricciones a la inversión inmobiliaria mientras amplía las medidas de protección a los inquilinos y modifica los incentivos fiscales vinculados al alquiler. El Ejecutivo llevará este viernes al Congreso dos decretos con un paquete que afecta directamente a fondos de inversión, Socimis, propietarios, promotores y compradores de vivienda.
La principal novedad para el capital inmobiliario es la intención de limitar la adquisición de viviendas por parte de determinadas empresas que las destinen al alquiler o a operaciones consideradas especulativas. La restricción se plantea, en principio, hasta 2028, aunque el Gobierno todavía debe concretar qué sociedades quedarán incluidas en esta categoría.
El alcance de la medida será especialmente relevante para los inversores institucionales, dado que el mercado residencial español ha ganado peso como destino de inversión en los últimos años. El Ejecutivo también prevé modificar la fiscalidad de las Socimis dedicadas al alquiler residencial, con el objetivo de orientar una mayor parte de su inversión hacia vivienda considerada asequible.
Más incentivos para bajar los alquileres
El paquete incorpora además incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan las rentas y establece una limitación del 2% a las subidas de determinados alquileres. Los contratos que venzan antes de finales de 2028 podrán beneficiarse de una prórroga de un año, ampliable a un segundo en determinadas condiciones.
Para los hogares, el Gobierno plantea una línea de financiación del ICO de hasta 50.000 euros a tipo cero destinada a la compra de primera vivienda. También prevé beneficios fiscales para inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales.
El segundo frente afecta a la propia duración de los contratos. El Ejecutivo ha incorporado una propuesta para establecer una renovación automática e indefinida de determinados alquileres, una medida que previsiblemente encontrará mayores dificultades para reunir los apoyos parlamentarios necesarios.
Impacto también en la promoción
El paquete incluye medidas dirigidas a aumentar la oferta. Entre ellas figura la reducción al 4% del IVA de la construcción de vivienda pública y protegida, con la intención de reducir el coste fiscal asociado a estos proyectos.
También se endurece el tratamiento de determinadas modalidades de alojamiento turístico. Los pisos turísticos que no presten determinados servicios pasarían de tributar a un IVA del 0% al 10%.
La división del paquete en dos decretos refleja las diferencias existentes entre los grupos que deben respaldar al Gobierno en el Congreso. El primero concentra las medidas relacionadas con protección de los inquilinos, financiación, fiscalidad e inversión inmobiliaria, mientras que el segundo incorpora el cambio más profundo sobre la duración de los contratos.
La votación del viernes determinará qué medidas consiguen convertirse en norma y, por tanto, qué cambios afrontarán en los próximos meses los operadores del mercado inmobiliario español.
