Pedro SánchezEl Gobierno ultima una reforma fiscal sobre los carburantes que provocará que el diésel pase a ser más caro que la gasolina, en línea con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para desbloquear parte de los fondos Next Generation y avanzar en la llamada fiscalidad verde, según publica elEconomista.
La medida clave consiste en igualar los impuestos especiales del gasóleo y la gasolina, una reforma largamente debatida y hasta ahora aplazada por su impacto económico y político. Según estimaciones del sector, esta equiparación supondría un incremento de unos 7 céntimos por litro en el diésel, suficiente para revertir el diferencial actual y situar de forma habitual al gasóleo por encima del precio de la gasolina en las estaciones de servicio.
El Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta para reducir el déficit, cumplir los hitos pactados con Bruselas y reforzar su apuesta por la descarbonización del transporte. No obstante, la propuesta ha encendido las alarmas en el sector del transporte por carretera, que advierte de un efecto inflacionario en cascada.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) alerta de que el encarecimiento del diésel se trasladará de forma directa al precio de alimentos, bienes y servicios, al tratarse del principal coste operativo del transporte profesional. Según sus cálculos, llenar el depósito de un camión con 1.000 litros podría encarecerse en más de 110 euros por repostaje, un impacto que pone en riesgo la viabilidad de miles de autónomos y pymes del sector.
Desvío de consumo
Además, el transporte y las petroleras advierten de un posible desvío de consumo a otros países, especialmente en zonas fronterizas, si España deja de ser competitiva en precios, lo que afectaría a la actividad logística y a los ingresos fiscales.
El debate llega en un contexto político delicado. La reforma necesita apoyos parlamentarios que el Gobierno aún no tiene garantizados. El PNV, socio clave, ya se opuso a esta subida fiscal en anteriores presupuestos, forzando su retirada, y vuelve a situarse como un actor decisivo para sacar adelante la medida.
A medio plazo, la presión sobre los carburantes podría intensificarse aún más con la entrada en vigor del sistema europeo ETS2, que extenderá el precio del carbono al transporte por carretera a partir de 2027 o 2028, y con la futura Directiva de Fiscalidad Energética, que penalizará con mayor dureza los combustibles más contaminantes.
Desde el sector energético y de estaciones de servicio se reclama que cualquier subida del diésel vaya acompañada de medidas compensatorias y de una fiscalidad diferenciada para los combustibles renovables, como el biodiésel o el HVO, para no penalizar tecnologías que ya contribuyen de forma inmediata a la reducción de emisiones.
Así, la equiparación fiscal del diésel se ha convertido en algo más que un ajuste tributario: es una prueba de equilibrio entre política climática, estabilidad económica y consenso parlamentario, con efectos directos sobre el bolsillo de empresas y consumidores.