El Ejecutivo español trabaja ya en el visto bueno a la extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según publica Expansión.
Una decisión que llega después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan trasladado formalmente su disposición a mantener en funcionamiento la planta más allá de las fechas inicialmente previstas de cierre —noviembre de 2027 y octubre de 2028 para sus dos reactores—.
Con esta decisión, el Gobierno que dirige Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, inicia el procedimiento administrativo que podría desembocar en una prórroga operativa hasta junio de 2030. El movimiento se enmarca en un contexto de alta volatilidad energética, derivada de la guerra de Ucrania, los altos precios de la electricidad y la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.
El calendario original de cierre nuclear, aprobado en 2018, preveía el apagado progresivo de todas las centrales españolas hasta 2035, comenzando precisamente por Almaraz y concluyendo con Trillo (Guadalajara). Sin embargo, el escenario energético actual ha reabierto el debate sobre la continuidad de las nucleares como fuente de estabilidad y coste competitivo.
Renuncia a la batalla fiscal
La clave que ha permitido desbloquear las negociaciones ha sido la renuncia de Iberdrola y Endesa a reclamar ventajas fiscales al Estado, una condición que Naturgy siempre había rechazado. Con este gesto, las tres compañías presentan por primera vez una postura unificada, lo que facilita un acuerdo con el Gobierno.
Fuentes del sector confirman que el Ejecutivo está elaborando los argumentos técnicos, jurídicos y políticos para justificar la extensión, que se tramitará a través de la sociedad gestora Cnat, integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, y que deberá remitir la solicitud antes del 1 de noviembre.
Las “líneas rojas” del Gobierno
El Ministerio ha reiterado que no ha cambiado su posición, y que cualquier prórroga deberá cumplir tres condiciones o “líneas rojas”:
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Garantizar la seguridad radiológica de los ciudadanos.
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Asegurar la conveniencia para el suministro eléctrico nacional.
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Evitar un mayor coste para los consumidores y contribuyentes.
Los dos primeros puntos serían relativamente fáciles de justificar, según fuentes del Ejecutivo, mientras que el tercero dependerá de que las eléctricas mantengan su compromiso de no exigir rebajas fiscales.
Factores políticos y económicos
La continuidad de Almaraz cuenta con apoyos dentro del PSOE extremeño, que la considera esencial para preservar el empleo y la economía local. Además, Junts ha defendido la extensión de las nucleares catalanas, mientras que Sumar afrontaría dificultades políticas para justificar el cierre de una instalación que da trabajo directo e indirecto a miles de personas.
La posible prórroga de Almaraz supondría un nuevo equilibrio en la política energética española, que intenta combinar la transición ecológica con la seguridad de suministro en un contexto internacional de gran incertidumbre.
