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España: crisis de Ormuz generará un sobrecoste energético de 7.400 millones

Crisis en Ormuz

Un sobrecoste de 7.400 millones de euros amenaza a la industria manufacturera española hasta final de año debido al encarecimiento energético tras la crisis de Ormuz.

Según estimaciones de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, el gas supondrá un impacto de casi 4.220 millones de euros.

Por su parte, el encarecimiento de la electricidad añadirá un sobrecoste de 3.175 millones en el mismo periodo, según los mercados TTF y OMIE.

La organización advierte que el 70% del impacto económico se concentrará entre septiembre y diciembre, lo que incrementa la presión sobre las empresas.

Representantes del 60% del Producto Industrial Bruto, las patronales del sector reclaman medidas urgentes y de mayor calado a los poderes públicos para frenar el deterioro.

La escalada estival ha llevado la electricidad a rozar los 150 €/MWh en septiembre, frente a los 61 €/MWh registrados en el mismo mes del año anterior.

¿Qué consecuencias trae la crisis de Ormuz?

«La crisis de Ormuz no ha originado los problemas de competitividad de la industria española, pero sí ha intensificado unas dificultades que ya veníamos afrontando. El fuerte incremento de los costes energéticos registrado durante los últimos meses exige una respuesta inmediata y decidida que permita mantener la actividad industrial, la inversión y el empleo», afirma Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española.

«Nos encontramos ante una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. La industria ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, pero difícilmente puede absorber en solitario un impacto energético de esta magnitud. Es necesario que los poderes públicos actúen con urgencia para evitar que este deterioro de costes termine traduciéndose en una pérdida de producción, inversión y empleo», añade Carlos Reinoso.

Frente a la desaceleración del sector, la entidad pide colaboración público-privada para proteger la actividad y mantener la posición competitiva del país.

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