Avión aterrizando en el Aeropuerto de Barajas (Madrid)España, Alemania, Bélgica, Portugal y otros nueve Estados miembro deberán responder ante la Comisión Europea por no exigir el uso de combustible sostenible en la aviación.
El hecho se produce tras la apertura de un procedimiento de infracción por no haber incorporado a sus legislaciones nacionales el régimen de sanciones exigido por la directiva ‘ReFuelEU Aviation’.
Bruselas ha constatado que ninguno de los 13 países afectados ha remitido sus planes nacionales de control y penalizaciones, pese a tratarse de una obligación legal vinculada a la aplicación de la normativa comunitaria.
El Ejecutivo europeo ha enviado cartas de emplazamiento a estos Estados miembro tras verificar el incumplimiento de la obligación de establecer un marco sancionador aplicable a proveedores de combustible, aerolíneas y gestores aeroportuarios en caso de no respetar las exigencias de la directiva.
¿Qué ve Bruselas sobre la aviación?
La Comisión recuerda que “en virtud de ‘ReFuelEU Aviation’, los Estados miembro deben establecer normas sobre sanciones para los proveedores de combustible de aviación, los operadores de aeronaves y los organismos gestores de aeropuertos de la UE en caso de incumplimiento, y adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena aplicación”.
El plazo para haber transpuesto estas disposiciones expiró el 31 de diciembre de 2024, sin que los países señalados hayan completado el proceso, a pesar de los reiterados avisos de Bruselas durante el último año y medio.
La falta de estos sistemas de sanciones supone, según la Comisión, un riesgo para la aplicación efectiva de una de las piezas clave de la estrategia europea de descarbonización del transporte aéreo.
¿Qué puede hacer España?
En esta fase del procedimiento, los 13 Estados miembro disponen de un plazo de dos meses para responder al requerimiento y corregir las deficiencias detectadas en sus legislaciones nacionales.
En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado, paso previo a la elevación del caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la consiguiente posibilidad de sanciones.