MillonariosEl ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha planteado la posibilidad de implantar en España un tributo similar a la conocida como ‘tasa Zucman’, diseñada para gravar a los patrimonios más elevados y captar hasta 5.200 millones de euros al año.
Durante su visita oficial a París, Bustinduy se reunió con Gabriel Zucman, economista y artífice de este impuesto, y su equipo para analizar cómo podría aplicarse en el país.
La propuesta consiste en gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros, una medida que, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, permitiría financiar políticas sociales de gran alcance.
«Hemos podido reunirnos con Gabriel Zucman y su equipo para debatir sobre las posibilidades de un impuesto a los ultrarricos en España y la necesidad de vincularlo al fortalecimiento del Estado social», explicó Bustinduy.
El ministro destacó que esta recaudación podría destinarse, entre otras cosas, a implementar una prestación universal para erradicar la pobreza infantil, un problema que calificó de “completamente inaceptable”.
Sobre los ultrarricos
Bustinduy subrayó que la medida no solo permitiría reducir la desigualdad, sino también avanzar hacia un sistema fiscal más justo, superando las limitaciones del modelo actual en el que los ciudadanos con mayores recursos pagan proporcionalmente menos que la media.
«Iniciativas como la Prestación Universal por Crianza requieren ir acompañadas de una tributación justa», afirmó.
Durante su estancia en París, el titular de Consumo también mantuvo un encuentro con Mary Beth Goodman, secretaria general adjunta de la OCDE, para explorar cooperación en la lucha contra la pobreza infantil y en la regulación de algoritmos que determinan precios dinámicos o personalizados, así como la protección de los consumidores vulnerables en el entorno digital.
Bustinduy concluyó que el objetivo de España es convertirse en referente en gobernanza democrática de los espacios digitales, combinando políticas sociales robustas con un marco fiscal que permita garantizar la justicia tributaria y fortalecer la protección de los más vulnerables.