Ministro Carlos Cuerpo / Foto: MoncloaEl Ejecutivo español se moviliza para contener los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo, que amenaza con encarecer la energía y tensionar los precios de los carburantes.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, anunció que se diseñan medidas fiscales y de apoyo a sectores estratégicos para paliar el impacto sobre familias y empresas.
Entre las iniciativas, se contemplan acciones para moderar el precio de la electricidad y el combustible, con especial atención al transporte por carretera y al sector agrícola, los más expuestos a la subida del diésel.
Aunque se descarta la bonificación de 20 céntimos aplicada en la crisis del gasóleo, el Gobierno reforzará la vigilancia de los precios mediante herramientas de Inteligencia Artificial supervisando las más de 12.600 estaciones de servicio del país.
El paquete también pretende reactivar parte del escudo social rechazado por el Parlamento en 2025, incluyendo la prohibición de cortes de suministros y el bono social eléctrico, así como mecanismos de protección laboral como los ERTE.
Además, se prevén medidas estructurales para impulsar la transición ecológica y la electrificación de la economía, consideradas “un seguro de vida frente a futuras crisis energéticas”, según Cuerpo.
Los efectos económicos
La propuesta se debatió en una reunión de alto nivel con la plana mayor del Ejecutivo y los principales agentes sociales.
Presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, contó con la presencia de Yolanda Díaz, Sara Aagesen, Elma Saiz y representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.
El objetivo es lograr un consenso amplio antes de aprobar las medidas en los próximos días, asegurando que las acciones respondan a la realidad económica y energética del país.
Cuerpo insistió en que España está mejor preparada que en 2022, cuando la guerra en Ucrania disparó la inflación energética, y que se actuará con “rigor, responsabilidad y flexibilidad” para adaptar las medidas según evolucione el conflicto.
Por ahora, el Ejecutivo no contempla cambios en la política fiscal vigente ni medidas sobre la cesta de la compra.