GettyImagenLa Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha elevado su crítica este viernes ante la iniciativa que estudia el Gobierno para penalizar a los caseros que incrementen el alquiler al finalizar un contrato a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El presidente de la federación, José María Alfaro, advirtió que la medida genera “inseguridad jurídica” y una “elevada incertidumbre normativa” para los propietarios, al limitar su libertad para fijar precios en los contratos.
Según la propuesta, la penalización se aplicaría únicamente a las subidas al concluir el contrato, mientras que los incrementos anuales habituales, normalmente vinculados al IPC, no se verían afectados.
La medida se encuentra aún en fase de negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios.
Paralelamente, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez busca restringir los contratos de temporada mediante un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.
Esta medida pretende garantizar un mayor control sobre el mercado turístico, pero ha despertado recelo entre los profesionales del sector.
Crisis del alquiler
Desde la FAI advierten que estas restricciones podrían agravar la crisis del alquiler en España.
En su comunicado, señalan que la limitación de subidas y las sanciones sobre los contratos temporales pueden reducir de forma directa la oferta de viviendas en alquiler de larga duración, especialmente en las zonas de mayor demanda, donde algunos mercados ya registran caídas de hasta el 50% en la disponibilidad de pisos.
La federación insiste en que la combinación de estas medidas podría desincentivar a los propietarios a mantener sus inmuebles en el mercado de alquiler, afectando la estabilidad y el equilibrio del sector inmobiliario.
La propuesta del Gobierno forma parte de un paquete más amplio destinado a regular el mercado de arrendamientos urbanos, equilibrar precios y proteger a los inquilinos, pero la FAI considera que las penalizaciones fiscales podrían tener efectos contraproducentes, limitando la oferta y encareciendo el mercado a largo plazo.