Donald TrumpLa guerra comercial iniciada por Donald Trump vuelve a sacudir la política estadounidense. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ha dictaminado que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente son ilegales, al considerar que exceden la autoridad que le otorga la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
La decisión, adoptada por siete jueces frente a cuatro, cuestiona directamente la estrategia económica de Trump, quien basó buena parte de su política exterior en el uso de tarifas como herramienta de presión. Sin embargo, el tribunal ha optado por mantener los aranceles vigentes hasta el 14 de octubre, abriendo una ventana para que el Gobierno de Estados Unidos presente una apelación.
Cinco órdenes ejecutivas en la cuerda floja
El fallo pone en riesgo cinco órdenes ejecutivas firmadas por Trump, incluidas las que establecieron los aranceles recíprocos del llamado “Día de la Liberación” y las medidas contra China, México y Canadá. Los jueces aclararon que la IEEPA no confiere al presidente una autoridad “ilimitada” para imponer este tipo de gravámenes, y recordaron que la Constitución reserva al Congreso la potestad de regular el comercio.
Otros aranceles, como el 25 % sobre automóviles, acero y aluminio, seguirán vigentes por estar amparados en la Ley de Expansión Comercial, que otorga al Ejecutivo un marco legal distinto.
Reacciones inmediatas
La fiscal general Pam Bondi ha confirmado que el Departamento de Justicia apelará la decisión, calificándola de “errónea” y asegurando que el Ejecutivo luchará por restaurar la autoridad del presidente.
En su red social Truth Social, Donald Trump denunció que se trata de un fallo de un tribunal “altamente partidista” y alertó que eliminar los aranceles sería un “desastre total” para la economía estadounidense. “¡Todos los aranceles siguen en vigor!”, recalcó.
Consecuencias políticas y económicas
Más allá del impacto inmediato en los mercados, la decisión judicial limita el poder presidencial en materia de política comercial y podría sentar un precedente histórico. La sentencia refuerza el papel del Congreso como garante del equilibrio de poderes, algo que podría alterar la estrategia de futuros presidentes que busquen gobernar a golpe de órdenes ejecutivas.
Para los sectores productivos, la incertidumbre continúa: hasta el 14 de octubre, los gravámenes seguirán operando, mientras empresas y agricultores esperan claridad sobre el futuro de sus exportaciones e importaciones.
El caso se perfila como un nuevo campo de batalla en el debate sobre el proteccionismo y el rumbo económico de Estados Unidos en pleno año preelectoral.