Beatriz Corredor, presidenta de RedeiaIberdrola ha decidido iniciar acciones legales contra la presidenta de Red Eléctrica de España (REE), Beatriz Corredor, tras considerar que sus declaraciones en el Senado, en las que atribuyó el origen del apagón masivo del pasado 28 de abril al “incumplimiento de los grupos convencionales”, suponen “un ataque a su honor”, según confirmaron fuentes jurídicas a EFE
Durante su intervención del 11 de septiembre en la Cámara Alta, Corredor defendió la actuación de Red Eléctrica como operador del sistema y señaló que “la causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión en cuanto a la absorción de reactiva”, en referencia a las centrales de generación eléctrica gestionadas por empresas privadas.
Aunque no mencionó a ninguna compañía en particular, Iberdrola interpreta que la insinuación afecta directamente a su reputación corporativa.
La compañía que preside Ignacio Galán considera que estas afirmaciones dañan su imagen y cuestionan injustamente su actuación técnica durante el suceso, que provocó cortes de suministro generalizados en distintas zonas del país.
Por ello, ha decidido llevar el asunto ante los tribunales para defender su integridad y la de sus profesionales.
El conflicto de Iberdrola
El conflicto se enmarca en un proceso más amplio de revisión del apagón del 28 de abril. Ya el pasado 30 de mayo, Iberdrola presentó un escrito ante el Tribunal Supremo para solicitar información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis creado por el Gobierno para investigar las causas del incidente. La empresa pide aclarar si dicho comité cuenta con amparo legal, dado que ha recabado información de las compañías implicadas y enviado técnicos a sus instalaciones.
Mientras tanto, Red Eléctrica ha reiterado públicamente su compromiso con la transparencia y la seguridad del sistema, defendiendo la gestión realizada durante el apagón. El caso abre un nuevo frente entre la principal eléctrica privada del país y el operador del sistema, en un contexto de creciente tensión institucional en el sector energético español.