La crisis de gobernanza en Indra suma un nuevo episodio institucional tras la negativa de dos altos cargos del Ejecutivo a comparecer en el Parlamento.
Ambos estaban citados para dar explicaciones sobre decisiones clave vinculadas a Indra, en particular sobre la posible fusión con Escribano Mechanical and Engineering y el papel de la SEPI en los recientes cambios en la presidencia del grupo.
Se trata del director de la Oficina de Asuntos Económicos en Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, quienes rechazaron acudir a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
La presidenta de la comisión, Edurne Uriarte, calificó la ausencia como “una falta de respeto del gobierno a la comisión, al Parlamento y a los ciudadanos”.
Desde el Ejecutivo se argumentó que la convocatoria se realizó con escasa antelación, aunque la propia Uriarte defendió que hubo un preaviso de 15 días.
El choque entre Gobierno y oposición se traslada así al control parlamentario sobre la gestión de Indra, en un momento marcado por la incertidumbre corporativa.
El portavoz socialista en la comisión, Víctor Ruiz de Diego, cuestionó la forma en que se fijó la comparecencia y pidió mayor rigor en el procedimiento.
Más contundentes fueron las críticas desde la oposición. Ignacio Gil Lázaro denunció un “desprecio” al Parlamento, mientras que Rafael Hernando habló de decisiones “bananeras” y acusó al Gobierno de evitar el control institucional.
Los escenarios de Indra
Este enfrentamiento político se produce tras meses de inestabilidad en Indra. La compañía ha vivido un relevo en su cúpula con la salida de Ángel Escribano y el nombramiento de Ángel Simón, además de la paralización de la operación con EM&E.
El trasfondo es una crisis de gobernanza que ha coincidido con una fuerte volatilidad bursátil, después de que la acción llegara a rozar los 65 euros tras un alza superior al 180% en 2025. Desde entonces, el valor ha retrocedido cerca de un 25%.
Las dudas sobre posibles conflictos de interés en la operación y la intervención de la SEPI han añadido presión sobre la compañía.
La ausencia de explicaciones en sede parlamentaria refuerza la sensación de opacidad en un momento crítico para Indra, cuyo futuro estratégico sigue condicionado por decisiones aún bajo escrutinio político.

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