La inflación no golpea por igual a todos los hogares. Según el informe ‘IPC inquilino’ del Gabinete Socioeconómico Confederal de Confederación General del Trabajo, los hogares que viven de alquiler han sufrido una subida de precios del 31% desde enero de 2019, seis puntos por encima del 25% acumulado por el IPC oficial.
La divergencia no es menor: dibuja dos realidades económicas distintas dentro del mismo país.
Mientras el índice general modera su crecimiento, el coste de la vivienda en alquiler continúa escalando, ampliando una brecha que, según el sindicato, está en máximos de los últimos seis años.
Solo en 2025, la inflación media para los 8,4 millones de personas que residen en alquiler fue del 4,7%, frente al 2,7% del IPC general.
Casi dos puntos adicionales que erosionan directamente la renta disponible de quienes no son propietarios.
El fenómeno no es homogéneo. Madrid encabeza el diferencial, con un IPC inquilino del 5,6% frente al 3% general. Le siguen Comunidad Valenciana (4,8% frente al 3%), Andalucía (4,8% frente al 2,7%) y Cataluña (4,6% frente al 2,5%).
En el extremo opuesto, Cantabria, Murcia y Extremadura presentan las menores variaciones, aunque también con diferencias respecto al índice oficial.
Si se observa el acumulado desde 2019, la Comunidad Valenciana lidera la brecha con un 37% de inflación para inquilinos frente al 25% general. Baleares y Andalucía registran un 35%, muy por encima del promedio oficial.
Datos de inflación
El alquiler se consolida como el principal motor de la inflación real para millones de hogares.
El informe cuestiona la capacidad del IPC tradicional para reflejar el impacto del encarecimiento de la vivienda.
No solo afecta a quienes alquilan, sino también a hipotecados y potenciales compradores, cuya referencia salarial y contractual sigue anclada a un índice que no recoge plenamente el coste habitacional.
La consecuencia es estructural. Los hogares inquilinos se concentran mayoritariamente en la mitad inferior de la distribución de renta.
Una mayor inflación sobre ingresos más bajos genera un círculo vicioso de empobrecimiento relativo.
Uno de los autores del estudio, Lorién Cirera, advierte de que la situación es especialmente grave para los hogares de origen migrante extracomunitario, donde el 63% vive de alquiler a precio de mercado.
La exposición a la subida de rentas es, por tanto, desproporcionada.
El deterioro no se limita a los precios. Según los datos del sindicato, el salario real de quienes viven de alquiler se sitúa ya un 6,9% por debajo del nivel de 2019.
Actualizar sueldos únicamente con el IPC oficial implica, en la práctica, consolidar una pérdida de poder adquisitivo ligada a la vivienda.

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