La reforma legal pactada entre el Gobierno y Junts para obligar a las grandes empresas a disponer de servicios de atención a la clientela en las lenguas cooficiales del Estado afronta esta semana un nuevo trámite parlamentario con su paso por la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, impulsó la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, de la que forma parte el texto, y la Cámara Baja debatirá el próximo miércoles, 29 de octubre, en una sesión abierta.
Enmiendas y cruce de versiones
El proyecto fue modificado mediante enmiendas de varios grupos parlamentarios, durante su paso por la ponencia.
Una de las más relevantes establece la obligación para las empresas de más de 250 trabajadores, con una facturación superior a 50 millones de euros, o que presten servicios de interés general, de garantizar atención a la clientela en las lenguas cooficiales del Estado.
Junts incluyó en el acuerdo inicial la obligación de aplicar la medida sin limitación territorial, de modo que cualquier persona pudiera ser atendida en catalán, gallego o euskera desde cualquier punto de España.
Sin embargo, el Ministerio de Bustinduy aclaró posteriormente que la medida solo tendría efecto en las comunidades bilingües, y la ponencia introdujo finalmente esa acotación.
Límite geográfico y consenso político
La enmienda transaccional, pactada además con Bildu y BNG, concreta que, a solicitud de los consumidores en comunidades con varias lenguas oficiales, las empresas deberán asegurar la atención en el idioma que se solicite, siempre que operen en territorios donde esa lengua sea cooficial.
Asimismo, se establece que las consultas, quejas o reclamaciones dirigidas a empresas que presten servicios en comunidades con lengua oficial distinta al castellano podrán realizarse en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales.
Con estos ajustes, la reforma delimita el ámbito geográfico de la medida y aclara el alcance del acuerdo con Junts.
Otras novedades: prohibición del spam y control de reseñas falsas
Durante su debate en comisión, también se prevé introducir una enmienda para prohibir las llamadas comerciales no consentidas (‘spam’) mediante códigos alfanuméricos que permitirán a las operadoras bloquear este tipo de comunicaciones.
Además, se declararán nulos los contratos cerrados en llamadas telefónicas no autorizadas y se obligará a renovar el consentimiento cada dos años.
Otro de los puntos destacados es la obligación de notificar con 15 días de antelación la renovación automática de servicios o suscripciones contratadas online, facilitando además la baja voluntaria del usuario.
Otros beneficios
Finalmente, la norma busca combatir las reseñas falsas en Internet, otorgando a las empresas el derecho de réplica y la posibilidad de solicitar la eliminación de comentarios fraudulentos, siempre que puedan demostrar su falsedad.
Con este nuevo examen parlamentario, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela se acerca a su fase final antes de su votación en el Pleno del Congreso, donde se espera un intenso debate político en torno al uso de las lenguas cooficiales y la protección de los derechos de los consumidores.
