GettyImagenEl Parlamento Europeo ha aprobado este jueves un paquete de reformas destinado a reforzar la gestión de crisis y quiebras bancarias en la Unión Europea, con el objetivo de proteger a los depositantes y limitar el uso de dinero público en situaciones de insolvencia.
La normativa amplía el alcance de los mecanismos de resolución, incluyendo a bancos pequeños y medianos cuando se considere que su colapso puede afectar al interés público.
Según el texto, las autoridades podrán gestionar estas crisis de forma “más eficaz” y “armonizada” en toda la UE.
Uno de los cambios más relevantes es que el coste de las quiebras recaerá principalmente en accionistas y acreedores, así como en los fondos de garantía de depósitos financiados por el propio sector.
Para acceder a financiación externa, estos inversores deberán asumir pérdidas de al menos el 8% del total de pasivos y fondos propios del banco, limitando así la necesidad de intervenciones públicas.
El sistema de garantía de depósitos mantiene la cobertura hasta 100.000 euros por depositante y entidad, con prioridad en el reembolso a pequeños ahorradores y a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Además, determinados depósitos vinculados a operaciones inmobiliarias podrán estar cubiertos por importes superiores, de 500.000 a 2,5 millones de euros, según las circunstancias.
Las nuevas reglas bancarias
Las nuevas reglas también permiten el uso de los fondos de garantía de depósitos en los procesos de resolución, especialmente en bancos con menor capacidad de absorción de pérdidas, y abren la puerta a que los Estados miembros los utilicen de forma preventiva para evitar quiebras o garantizar el acceso de los depositantes a sus fondos.
El paquete legislativo incluye la revisión de la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancaria, el Reglamento del Mecanismo Único de Resolución y la Directiva sobre los Sistemas de Garantía de Depósitos.
La normativa entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque su aplicación general se extenderá dos años después, dando tiempo a bancos y autoridades a adaptarse a los nuevos requerimientos.