El rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso ha abierto el turno de reacciones del sector inmobiliario, que reclama ahora una alternativa para abordar los problemas de oferta y acceso al alquiler. El Real Decreto-ley 27/2026 fue rechazado por 166 votos frente a 184.
La norma contemplaba la renovación automática de los contratos durante cinco años, o siete cuando el arrendador fuera una persona jurídica, además de una indemnización al inquilino en determinados supuestos de finalización del contrato.
La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) considera que su rechazo evita profundizar en un mercado del alquiler a dos velocidades, pero advierte de que no resuelve las dificultades de acceso ni aumenta la oferta.
La organización reclama abrir una mesa de negociación para diseñar un aval público ligado al inquilino durante la duración del contrato, junto con incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan rentas asequibles y cobertura específica para jóvenes y hogares vulnerables.
¿Qué opciones hay para el alquiler?
Fadei también plantea agilizar los procedimientos administrativos y judiciales para recuperar una vivienda ante incumplimientos o finalizaciones legítimas, movilizar suelo público y establecer plazos máximos para las licencias urbanísticas.
Por su parte, la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) ha valorado positivamente el rechazo y sostiene que las medidas habrían aumentado el riesgo de impago y la inseguridad jurídica y económica para los propietarios.
La entidad advierte de que una mayor rigidez contractual podría haber reducido la oferta y endurecido los requisitos exigidos a jóvenes, trabajadores temporales y hogares con ingresos irregulares.
Ambas organizaciones coinciden en reclamar más seguridad para propietarios e inquilinos, aunque difieren en la valoración de los decretos. El Congreso, entretanto, ha dejado sin efecto las medidas previstas en el Real Decreto-ley.
