España prepara la adaptación de su mecanismo de control de inversiones extranjeras al nuevo marco europeo. El sistema actual, reforzado en 2020, deberá ajustarse al Reglamento (UE) 2026/1386, que será aplicable desde el 17 de enero de 2028 y establece unos requisitos mínimos comunes para los mecanismos de control de los Estados miembros. La herramienta, bautizada ‘escudo antiopas’, tiene una misión clara: evitar que determinadas inversiones puedan comprometer la seguridad nacional y económica. El problema empieza cuando ese control introduce incertidumbre en operaciones que, sobre el papel, no deberían suponer ningún riesgo.
Julián Conthe, director general de Política Comercial y Seguridad Económica de la Secretaría de Estado de Comercio, rechaza incluso la propia metáfora. “El mecanismo de control de inversiones extranjeras no es ni un escudo, ni tiene una orientación particular hacia las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) ni hacia desincentivar la inversión extranjera”. Su objetivo, explica, “no es proteccionista ni desincentivador de las inversiones”, sino garantizar que las operaciones que llegan a España “no supongan un riesgo para nuestro orden, seguridad y salud públicos”.
La Administración defiende que el sistema actual no está cerrando la puerta al capital extranjero. “Más del 90% de las operaciones de inversión analizadas se autorizan sin condiciones y de manera ágil al no percibir riesgos asociados”, señala Conthe. España, añade, “ha sido siempre, y continúa siendo, un país abierto a la inversión extranjera”. Para respaldarlo, pone dos datos sobre la mesa: que la nación alberga más de 18.000 empresas de capital extranjero en sectores de alto valor añadido y que “el stock de inversión extranjera directa encadena diez años consecutivos de crecimiento, alcanzando los 627.795 millones de euros en 2024”.

Desde el lado de quienes asesoran a los inversores, sin embargo, la fotografía presenta más matices. Para Jaime Almenar y Javier García de Enterría, socios de Clifford Chance, el mecanismo ha cumplido su objetivo, pero “al precio de añadir un trámite administrativo que en ocasiones es complejo y que goza de un elevado grado de discrecionalidad que dificulta estas inversiones”. En su opinión, “la introducción del llamado ‘escudo antiopas’ ha condicionado muchas operaciones, provocando cambios en su ámbito o estructuración, así como en su proceso de ejecución”. Y dan un paso más allá: “No deja de ser llamativo que, a la vez que se busca atraer la inversión extranjera, se la someta a restricciones que en muchos casos pueden ser desproporcionadas”.
Por su parte, José Giménez, socio director de Linklaters Madrid, defiende que “por el momento” las operaciones no están siendo rediseñadas, retrasadas o descartadas a causa de este mecanismo. De hecho, considera que “el control de inversiones extranjeras se va viendo cada vez más como un paso adicional, ya habitual, dentro del calendario de cualquier operación en sectores sensibles”.
El debate, por tanto, no gira tanto en torno a si España debe proteger sus activos estratégicos —en eso existe un amplio consenso—, sino en dónde colocar la línea que separa la protección de la incertidumbre. Y esa frontera es precisamente la que la nueva regulación europea obliga ahora a revisar.

¿QUÉ CAMBIA PARA LAS EMPRESAS?
La nueva norma europea no parte de cero ni obliga a España a desmontar su actual sistema de control. “La principal novedad que incorpora el Reglamento es la obligatoriedad para todos los Estados miembros de contar con un mecanismo de control de inversiones con unos mínimos armonizados en cuanto a alcance objetivo y sectorial, procedimientos, plazos y cooperación en el mecanismo europeo”, detalla Julián Conthe. De ahí que adelante que, en España, “no se prevén cambios sustanciales con respecto al régimen actual de control de inversiones extranjeras, sobre todo, en cuanto a los sectores y umbrales económicos”. Y añade: “Tampoco prevemos cambios en cuanto a los umbrales para considerar que una determinada inversión es una inversión directa extranjera sujeta a control y consiguiente autorización”.
¿Dónde estará el principal cambio? En los procedimientos. El director general de Política Comercial destaca “la introducción de un mecanismo de autorización en dos fases, una primera fase para las operaciones que no supongan riesgos y que podrán aprobarse incluso más rápido que ahora, y una segunda fase para profundizar en los casos de mayor sensibilidad”. Además, recalca que “el mecanismo de cooperación se acotará a las operaciones más relevantes a nivel europeo. Así, la mayor parte de las operaciones que se aprueben en primera fase no se notificarán a la Comisión”.
“España tendrá que ajustar su procedimiento a esa doble fase con los plazos armonizados que fija el Reglamento, lo que debería aportar mayor previsibilidad a los inversores sobre los tiempos de tramitación”, explica Giménez de Linklaters Madrid.
Y recuerda los otros ajustes que exige la nueva norma: “la ampliación del ámbito objetivo de control a los sectores del ‘ámbito mínimo común’ que hoy no estén expresamente cubiertos, el refuerzo del mecanismo de cooperación con la Comisión y los demás Estados miembros, y la incorporación de una vía de revisión de oficio para operaciones no sujetas a autorización previa, que podrá ejercitarse durante un plazo de entre quince meses y cinco años desde la ejecución de la inversión. También deberá revisarse el régimen sancionador, que el Reglamento exige que sea efectivo, proporcionado y disuasorio”.

CONTRA LA INCERTIDUMBRE
Para una empresa o un inversor, estos cambios significan que el control de inversiones seguirá siendo una variable desde el principio en determinadas operaciones, especialmente en sectores sensibles. Pero la reforma también introduce mecanismos destinados a reducir la incertidumbre sobre el recorrido del expediente. España ya cuenta actualmente con un mecanismo de consulta de 30 días “para que los inversores tengan certidumbre sobre si la normativa de control aplica a su proyecto de inversión”, señala Conthe.
La Administración reconoce que la transparencia y previsibilidad sobre plazos y detalles generales del procedimiento son importantes. En este sentido, destaca que “los procedimientos y la implicación de los equipos son algunas de las principales fortalezas del mecanismo nacional de control de inversiones y así nos lo hacen llegar abogados e inversores tanto nacionales como extranjeros”.
El perímetro del control también tendrá que adaptarse a la evolución de la economía y la tecnología. El propio Conthe admite que “alguna definición” de las utilizadas actualmente “se puede concretar más” o incluso que “debamos actualizarla”. Un ajuste que puede resultar relevante para determinar con mayor precisión qué operaciones quedan dentro del mecanismo y cuáles quedan fuera.
Pero la previsibilidad no depende únicamente de los plazos. También de saber, antes de iniciar una operación, si esta quedará sometida al mecanismo de control. Ahí aparece una de las principales críticas de Clifford Chance. Para Jaime Almenar y Javier García de Enterría, sería necesario “eliminar toda discrecionalidad del Gobierno a la hora de interpretar las normas de inversiones extranjeras”, de manera que pudiera determinarse “siempre a priori, de modo sencillo y objetivo, si la inversión está capturada o no por el ‘escudo antiopas’”.
Giménez también detalla otra preocupación de los inversores: “Que las condiciones que finalmente se impongan (si es que se imponen) sean razonables y no destruyan el valor de la operación”. Y recuerda que, en algunas operaciones, “especialmente aquellas que generan mayor interés mediático, la preocupación se centra en que se impongan condiciones que dificultan la operación y que no estén realmente orientadas a garantizar la seguridad y el orden público”.
La propia Administración resume el objetivo en términos de eficiencia: “Todos estos cambios son positivos en la medida en que agilizarán el sistema para las operaciones más sencillas y nos permitirán concentrarnos en aquellas más complejas”.
PROTEGER SIN AHUYENTAR
El verdadero examen del nuevo sistema no estará únicamente en el número de operaciones que autorice o en el tiempo que tarde en hacerlo. Estará en comprobar si España puede reforzar la protección de sus activos estratégicos sin enviar al capital extranjero la señal equivocada. Porque controlar la inversión y atraer inversión no son objetivos necesariamente incompatibles, pero sí exigen encontrar un equilibrio.
El Gobierno sostiene que ese equilibrio ya existe. Conthe asegura que “la nueva normativa no supone un endurecimiento del control de inversiones extranjeras” y que “no se ha detectado que haya afectado al atractivo de España para la inversión extranjera directa”.
Desde el ámbito jurídico, sin embargo, la cuestión se plantea en términos más cualitativos. Para Clifford Chance, el riesgo es que un exceso de requisitos termine teniendo un efecto disuasorio. “No creemos que, por definición, podamos partir de la premisa de que las inversiones extranjeras son peligrosas para la seguridad, la salud o la economía”, señalan Almenar y García de Enterría. Su reclamación es que el control se concentre realmente en aquellas operaciones que puedan representar un riesgo y que las decisiones sean proporcionales.
Por su parte, Giménez cree que el peor error que se podría cometer “sería no tomar decisiones equilibradas y proporcionadas, ajustadas a las circunstancias del caso”. De ahí que recomiende que “las medidas que se adopten han de tener en cuenta que no todos los sectores sensibles merecen el mismo nivel de protección, y que las condiciones gravosas, que reducen el nivel de la inversión, solo deben adoptarse si son realmente necesarias y si van a ser eficaces para proteger el interés público que se pretende salvaguardar”.
La cuestión cobra especial importancia en las operaciones transfronterizas. Una adquisición no se desarrolla en un vacío: compite por capital, financiación y oportunidades con otros mercados europeos. En ese contexto, la previsibilidad puede convertirse en una ventaja competitiva. España parte, además, de una posición relativamente favorable. “Afortunadamente, España no es el país europeo más complejo para el desarrollo de inversiones extranjeras”, apuntan desde Clifford Chance.
El nuevo marco europeo abre también una oportunidad para mejorar la coordinación entre países. En operaciones que afectan a varios mercados, la existencia de reglas comunes y mecanismos de cooperación debería facilitar que los inversores puedan anticipar mejor los requisitos a los que tendrán que enfrentarse. Para Clifford Chance, la expectativa es que esa mayor coordinación “sirva para facilitar las operaciones transfronterizas y para armonizar las condiciones de aplicación de los distintos regímenes nacionales”.
El nuevo marco europeo obliga a España a afinar ese equilibrio. Para el Gobierno, la reforma no debería traducirse en más restricciones, sino precisamente en un sistema más previsible y eficiente. El procedimiento en dos fases y la concentración de la cooperación europea en las operaciones más sensibles buscan reducir cargas administrativas y acelerar aquellas inversiones que no presentan riesgos relevantes.
La apuesta es que el control y la competitividad no sean fuerzas enfrentadas. España quiere seguir atrayendo capital extranjero mientras reserva la intervención del Estado para aquellas operaciones que realmente puedan comprometer sus intereses esenciales. “Nuestra intención es que el mecanismo de control de inversiones continúe siendo lo que es actualmente: un mecanismo de último recurso, proporcional, ágil y transparente y que no se rige por un fin proteccionista”, defiende Conthe.
Ahí estará la verdadera prueba del nuevo escudo: no cuánto puede frenar, sino si consigue proteger lo que España considera estratégico sin perder aquello que también necesita para crecer. Porque, en última instancia, un país atractivo para invertir también necesita saber cuándo decir que no.
LA CLAVE ESTÁ EN EL EQUILIBRIO
JOSÉ GIMÉNEZ, SOCIO DIRECTOR DE LINKLATERS MADRID, ANALIZA CÓMO ESPAÑA PUEDE PROTEGER SUS ACTIVOS ESTRATÉGICOS SIN AHUYENTAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA

¿España corre el riesgo de convertirse en una de las jurisdicciones más restrictivas de Europa?
No lo creo. Hay países con regímenes de control considerablemente más exigentes que el español, tanto en el alcance de los sectores cubiertos como en la intensidad del escrutinio aplicado. El carácter restrictivo de un régimen de control de inversiones extranjeras, además, no debe medirse en función del número de operaciones sujetas a autorización, sino de si esas operaciones son o no finalmente autorizadas, y de si las condiciones que en su caso se imponen son razonables y proporcionadas al riesgo identificado.
El propio nuevo Reglamento europeo insiste en ese equilibrio: obliga a los Estados miembros a someter a control un catálogo mínimo de operaciones, pero también exige que cualquier restricción a la libertad de establecimiento o a la libre circulación de capitales esté justificada por motivos reales de seguridad u orden público, y que el control se ejerza con pleno respeto al principio de proporcionalidad y al objetivo de preservar un entorno abierto a la inversión. Que España amplíe el número de operaciones sujetas a control como consecuencia de la transposición del nuevo marco no la convertiría, necepor sí sola, en una jurisdicción restrictiva.
¿Qué mensaje transmite España hoy a un inversor internacional en comparación con Francia, Italia o Alemania?
España transmite hoy un mensaje de apertura razonada, similar al de sus principales socios europeos. Como Francia, Italia o Alemania, España ha reforzado en los últimos años su régimen de control de inversiones extranjeras, pero lo ha hecho sin renunciar a su vocación de ser un destino atractivo para el capital internacional. La diferencia entre jurisdicciones no reside tanto en si existe o no un mecanismo de control (hoy lo tienen todos los grandes países europeos), sino en cómo se aplica: con qué grado de previsibilidad, con qué plazos y con qué proporcionalidad en las condiciones que, en su caso, se imponen. En ese plano, España puede y debe competir ofreciendo un régimen tan riguroso en la protección de sus intereses esenciales como predecible y proporcionado en su aplicación práctica.
Dentro de cinco años, ¿qué tendría que haber conseguido el nuevo ‘escudo antiopas’ para que usted pudiera decir que la reforma ha sido un éxito?
El escenario ideal es que exista plena certidumbre sobre si una operación está o no sujeta a autorización, gracias a una definición muy precisa de los sectores sensibles y del tipo de operaciones sujetas a control, que el expediente se resuelva siempre en los plazos previstos, y que las decisiones de prohibición o de imposición de condiciones estén siempre justificadas, sean transparentes en la medida de lo posible, y resulten en la práctica proporcionadas atendiendo al interés público que se pretende proteger. Si se dan estas condiciones, el régimen de inversiones extranjeras no solo no dificultará la inversión extranjera, sino que la favorecerá.















