«Reducir la apuesta por la energía nuclear fue un error estratégico para Europa”. Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre de energía nuclear celebrada en marzo en París, cayeron en España como un jarro de agua fría. Mientras Bruselas comunicaba una inversión de 200 millones de euros destinada al desarrollo de reactores modulares pequeños, Moncloa reiteraba su compromiso con el calendario de cierre escalonado de los siete reactores españoles entre 2027 y 2035, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La hoja de ruta del Ejecutivo ha despertado preocupación por sus posibles efectos sobre la seguridad energética y la competitividad industrial. Por ejemplo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, advirtió de que el cierre de Almaraz “va a ser un desastre para nuestras empresas y nuestro futuro energético”. En paralelo, Iberdrola, Endesa y Naturgy pidieron formalmente al Gobierno extender la vida de la central extremeña hasta 2030, mientras que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó al Gobierno que reconsidere el calendario previsto y evalúe extender su actividad hasta, al menos, 2040.
Frente a estas críticas, el presidente Pedro Sánchez ha defendido que “si las empresas que tienen esas centrales nucleares en propiedad consideran que quieren prolongar su vida, ya saben lo que tienen que hacer”, subrayando que “ni la Administración General del Estado ni tampoco los ciudadanos van a tener que pagar vía bonificaciones la prolongación de la vida de esas centrales”.
Francisco del Pozo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, también defiende que la posición de España “no es una anomalía”, sino “una decisión de sensatez económica y soberanía real”. A su entender, no existe un “renacimiento nuclear” en Europa, sino que se trata de “un estado de opinión que ha comprado la Comisión Europea impulsado por el lobby nuclear francés”. De ahí que considere que el plan de cierre permitirá al país “posicionarse a la vanguardia de la competitividad”.
Sin embargo, el cierre nuclear español no solo genera dudas dentro del país. Sama Bilbao y León, directora general de la World Nuclear Association, recuerda que “la actual eliminación progresiva de la energía nuclear va en contra de las tendencias energéticas globales, siendo el único país del mundo que todavía contempla cerrar una flota nuclear existente de alto rendimiento”.
De hecho, gran parte de la Unión Europea está evolucionando hacia una estrategia distinta: prolongar la vida útil de las centrales existentes y reforzar la capacidad nuclear como complemento de las renovables. Francia, por ejemplo, impulsa la construcción de seis nuevos reactores EPR y lidera junto a otros países la llamada Alianza Nuclear Europea, que defiende la energía atómica como herramienta clave para garantizar competitividad industrial y seguridad de suministro. Bélgica, que había aprobado el apagón nuclear hace dos décadas, ha revertido parcialmente esa política y negocia incluso la compra estatal de su parque nuclear para prolongar la explotación de los reactores existentes. Suecia y Países Bajos también han abierto la puerta a nuevas centrales, mientras países como Polonia, República Checa, Hungría y Finlandia aceleran inversiones nucleares.
Manuel Fernández Ordóñez, doctor en Física Nuclear y Máster en Marketing Digital, también tilda de “equivocada” la decisión nacional, ya que, a su entender, se tomó “mirando más al equilibrio político que a la realidad técnica del sistema eléctrico”. De ahí que considere que “prescindir de nuestras centrales justo cuando queremos electrificar nuestras economías parece, como mínimo, una imprudencia”.
En contraste, el informe Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz -elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya por encargo de Greenpeace- advierte que prorrogar la vida útil de Almaraz durante tres años supondría un coste de unos 3.800 millones de euros para los consumidores y podría generar pérdidas de inversión en energías renovables de hasta 26.000 millones de euros hasta 2033.
TENER UN PLAN B
Con las centrales nucleares aportando el 19,7% de la electricidad nacional de 2025 (con solo un 5% de la potencia instalada), la gran pregunta es si las energías renovables serán capaces de sustituirla con eficacia. El estudio encargado por Greenpeace sostiene que el 96,4% de la electricidad producida por la central podría ser sustituida inmediatamente por energías renovables sin comprometer la seguridad del suministro ni aumentar el uso de gas.
“Las estimaciones no son deseos, son física y matemática de la potencia renovable instalada a día de hoy, así como de los nuevos proyectos ya autorizados para el año que viene y el siguiente”, defiende Del Pozo. Y justifica que “nuestras estimaciones se basan en el actual excedente de potencia instalada solar y eólica, que hoy en día se ve obligada a realizar paros forzados (curtailments) porque la rigidez de la nuclear satura la red”. Sobre si es posible hacer la transición sin depender del gas, el miembro de Greenpeace es firme: “Rotundamente sí. La transición no es solo poner placas y molinos, es desplegar el almacenamiento masivo (baterías y bombeo hidroeléctrico) y gestionar adecuadamente la demanda y la eficiencia”.
Un optimismo que no comparten desde el ámbito nuclear. Para la Directora General de la World Nuclear Association se trata de un relevo inviable. ¿El motivo?, que “sustituir un 20% de energía nuclear firme únicamente con renovables dentro de los plazos actuales no es técnicamente sólido sin un respaldo significativo de gas o un aumento considerable del riesgo sistémico. Una sustitución basada exclusivamente en renovables requeriría tecnologías de almacenamiento y capacidades de red que todavía no están disponibles a gran escala”.
Incluso, va más allá y recuerda que: “Reemplazar 7 GW de electricidad disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, con eólica, solar y baterías requeriría tasas de despliegue renovable sin precedentes, mucho más rápidas que los promedios históricos, multiplicar por siete el almacenamiento energético y reforzar significativamente toda la red eléctrica”. En resumen, “no solo daría lugar a un sistema menos fiable, sino que también sería difícil de lograr en los plazos requeridos y exigiría una inversión de capital extraordinariamente elevada”.
Fernández Ordóñez precisa que “si cerramos nucleares antes de tiempo, no la sustituiremos por renovables. La estaremos sustituyendo fundamentalmente por gas (una materia prima que no controlamos) o por otras tecnologías a precio del gas. Y hay que decirlo sin adornos”. Una preocupación que comparte con Paulo Domingues, presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), quien recuerda que “el incremento de la producción eléctrica con gas incrementará ineludiblemente el coste del sistema y también las emisiones de gases de efecto invernadero, en contra de la deseada descarbonización de la economía, pero será esencial en un sistema sin nuclear para mantener el control de frecuencia y tensión. Por ello, es decir, por coste y por emisiones, pienso que el calendario de cierre nuclear está desalineado con las necesidades del sistema”.
GOLPE INDUSTRIAL
Según el informe de PwC, Precio de la electricidad y energía nuclear: ¿Cómo impacta el parque nuclear en el precio de la electricidad?, en un escenario sin energía nuclear, los ciclos combinados tendrían que suplir prácticamente toda la pérdida de generación. Esto provocaría un aumento del precio mayorista de la electricidad de unos 37 €/MWh y encarecería la factura eléctrica un 23% para los hogares y las pequeñas y medianas empresas, y un 35% para la industria. Sin olvidar que, como precisa el presidente de la SNE, “se multiplicarían por seis las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico y se comprometería la soberanía energética de España, porque se importaría hasta un 58% más de energía”.
“En un escenario contrafactual, hemos calculado que la electricidad en el mercado mayorista hubiera costado unos 16.800 millones de euros más en 2025, si no hubiéramos tenido centrales nucleares. Adicionalmente, habríamos emitido 9,5 millones de toneladas de CO2 más”, indica Fernández Ordóñez.
Por eso, de avanzar el plan de cierre de centrales nucleares en España, el tejido industrial podrá ser el más perjudicado. El experto prevé “un impacto muy serio, porque la industria no necesita solo electricidad barata de vez en cuando. Necesita electricidad competitiva, previsible y disponible. Una fábrica no puede organizar su producción como quien espera a que salga el sol para poner una lavadora”.
Una opinión que ratifica Bilbao y León: “Eliminar la flota nuclear incrementa la dependencia de España del gas natural, dejando al sistema más vulnerable a su volatilidad de precios y a la inseguridad de suministro, lo cual parece contradictorio en un momento en que el mundo enfrenta la mayor crisis energética en décadas y la mayoría de los países buscan reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles”.
Para avanzar con éxito, Domingues de la SNE, propone mantener la continuidad de la operación del parque nuclear español “junto a una revisión razonable de la carga fiscal que actualmente se aplica al sector eléctrico y en particular a la generación eléctrica de origen nuclear”. Un plan que busca “poder abaratar los costes de producción de la industria de este gran país, ayudando a mejorar su competitividad global”.
De lo contrario, advierte que se corre el riesgo de perder “competitividad energética, competitividad industrial y de conocimiento e innovación”. De ahí que recalque que “lo más sensato es disponer de un sistema eléctrico diversificado, en el que las tecnologías se complementen y ese diseño, si disponemos de renovables y nuclear, tenemos una combinación ganadora”.
¿ESPANTAR AL INVERSOR?
La situación no resulta peligrosa solo para la industria ya establecida. El Gobierno nacional está realizando importantes esfuerzos para captar inversiones en centros de datos, industria electrointensiva, fabricación avanzada, hidrógeno, baterías, química verde y nuevas cadenas de valor. Sin embargo, se trata de mercados que exigen la disponibilidad de un gran consumo eléctrico. A lo que Bilbao y León añade: “Cerrar centrales nucleares de forma prematura envía una señal de incertidumbre a los inversores, no solo en el ámbito nuclear, sino en todo el sistema energético. Los inversores necesitan confianza en que las infraestructuras a largo plazo contarán con apoyo regulatorio y estabilidad política. Sin ello, aumentan los costes de financiación y es probable que el capital fluya hacia mercados donde exista una mayor alineación política”.
En el otro lado de la balanza, Francisco del Pozo, de Greenpeace, recuerda que el PNIEC está siendo “el mayor catalizador de inversión internacional en energías renovables que haya visto España en su historia reciente”. En este sentido, defiende que, con las políticas de Transición Justa adecuadas, “la sustitución de la nuclear por proyectos de renovables, almacenamiento y la propia industria del desmantelamiento generarán una creación neta de al menos 300.000 empleos verdes y de alta cualificación”. ¿El resultado? Que España “se convertirá en el hub de energía barata de Europa, atrayendo industrias electrointensivas que huirán de los altos costes energéticos de países atrapados por los fósiles y la nueva nuclear (si es que se llega a desarrollar)”.
TRANSICIÓN REALISTA
El proceso de cierre de las centrales nucleares en España no parece ser realista en los plazos establecidos por Moncloa. Al menos, sin que tenga graves efectos perjudiciales en la competitividad y desarrollo industrial. De ahí que la Comisión de Peticiones de la Unión Europea urgiera al Gobierno a no adoptar decisiones irreversibles antes de completar una evaluación de impacto integral, independiente y públicamente accesible sobre seguridad energética, precios de la electricidad, competitividad industrial, empleo, demografía y cohesión territorial.
La Directora General de la World Nuclear Association recuerda que “a medida que crece la demanda energética y se intensifican las presiones de descarbonización, mantener capacidad fiable y limpia se vuelve cada vez más importante. En ese contexto, conservar los activos nucleares existentes —o incluso reactivarlos— podría resultar necesario. Las decisiones de política energética que se tomen hoy moldearán la competitividad y resiliencia durante décadas”.
A sabiendas de que la transformación prevista para esta década es “gigantesca”. Fernández Ordóñez recuerda que la decisión “exige nueva potencia renovable, más almacenamiento, refuerzo de redes, más interconexiones, digitalización, flexibilidad de demanda y mucha capacidad administrativa para tramitar proyectos. Y todo eso lleva tiempo. No se recorre sólo con entusiasmo, sino con inversión, permisos, materiales, obra civil y seguridad regulatoria”.
En su opinión, “el debate nuclear en España va a cambiar por pura realidad. Los sistemas eléctricos no obedecen a eslóganes”. Una visión que comparte con Bilbao y León: “Si España mantiene su calendario de cierre, ya puede observar cómo se desarrolla esa decisión en países como Alemania y Taiwán. Ambos ya están afrontando las consecuencias, con impactos sobre la competitividad industrial, una mayor dependencia de mercados fósiles volátiles y otros compromisos ambientales y económicos. Ambos países ya han expresado arrepentimiento por su decisión y están reconsiderando sus políticas nucleares”.
Sin embargo, Del Pozo considera que España no va a dar marcha atrás como Francia, “porque nuestro modelo es el opuesto”. En última instancia, el debate sobre el futuro nuclear en España trasciende la tecnología y se sitúa en el terreno de la estrategia económica. Entre la apuesta por un cierre programado y la presión de un contexto europeo que revaloriza la energía nuclear como garantía de estabilidad, el país se enfrenta a una decisión de largo alcance. No se trata solo de elegir una fuente energética, sino de definir el modelo que sostendrá la economía en las próximas décadas.
RECUPERAR LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
SAMA BILBAO Y LEÓN, DIRECTORA GENERAL DE LA WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, DETALLA EL IMPACTO INDUSTRIAL QUE PODRÁ GENERAR UN CIERRE NUCLEAR PREMATURO
¿Cree que la ausencia de energía nuclear puede influir en las decisiones de inversión de las grandes industrias?
Sí, profundamente. Las industrias intensivas en energía dependen del acceso a energía abundante, fiable, asequible y predecible (tanto calor como electricidad). Las decisiones de inversión están estrechamente ligadas a la estabilidad del sistema energético. Un sistema que carece de energía firme disponible 24/7/365 incrementa los riesgos, tanto en términos de interrupciones del suministro como de volatilidad de precios.
La importancia de la fiabilidad ya es evidente en sectores como los centros de datos, la manufactura o la industria metalúrgica, donde el suministro continuo es crítico y todavía suele depender de combustibles fósiles. Una estrategia industrial sólida requiere energía firme y baja en carbono en su núcleo, y la energía nuclear desempeña un papel clave para proporcionar esa certidumbre y garantizar la competitividad industrial de un país. Esta es una de las principales razones por las que la UE considera la energía nuclear un componente esencial para recuperar competitividad industrial.
Algunos expertos advierten de que eliminar capacidad firme puede aumentar la volatilidad del sistema. ¿Comparte ese diagnóstico?
Sí. Eliminar capacidad firme incrementa tanto la volatilidad física como económica del sistema eléctrico. Sin suficiente capacidad firme, los sistemas quedan más expuestos a la variabilidad, aumentando la probabilidad de eventos de inestabilidad y requiriendo intervenciones adicionales o soluciones de respaldo. Una red resiliente depende de una combinación equilibrada de tecnologías, incluidas aquellas que proporcionan producción continua y estabilizadora.
¿Hasta qué punto las decisiones sobre energía nuclear están condicionadas por factores políticos más que técnicos?
Desgraciadamente, con demasiada frecuencia las decisiones energéticas están fuertemente influidas por factores políticos. Esto ha sido especialmente cierto históricamente en el caso de la energía nuclear. Como suele decir la viceprimera ministra de Suecia, Ebba Busch: “Es hora de sacar la política de la política energética y volver a poner la física en ella”.
El calendario de cierre español se acordó en 2019 bajo condiciones geopolíticas, industriales y de seguridad energética muy distintas, y apenas ha cambiado pese a las importantes transformaciones ocurridas desde entonces. Tal vez haya llegado el momento de revisar pragmáticamente si sigue siendo lo mejor para el futuro energético y económico de España a largo plazo.
