MercosurEl acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, llamado a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo —700 millones de personas unidas en un solo mercado—, vuelve a encallar.
No por falta de ambición económica, sino por un choque institucional, político y social que cuestiona cómo y cuándo debe aplicarse.
En enero, el Consejo Europeo aprobó dos instrumentos: un Acuerdo de Asociación, de alcance amplio, y un Acuerdo Comercial Interino, limitado al ámbito económico.
La intención era clara: adelantar los beneficios comerciales mientras se completaba la compleja ratificación del pacto global.
Sin embargo, la iniciativa del Parlamento Europeo de pedir un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE ha introducido un freno decisivo.
El debate se centra ahora en si la UE puede activar de forma provisional ese acuerdo interino.
Desde el punto de vista jurídico, la Comisión sostiene que es posible: el comercio es una competencia exclusiva de la Unión y el texto tiene un alcance limitado.
Para Bruselas, bloquearlo durante años supondría un coste elevado en inversión, exportaciones y posicionamiento estratégico.
Pero el Parlamento ha elevado el tono. La consulta al tribunal cuestiona la base jurídica del desdoblamiento del acuerdo y advierte del riesgo de que se produzcan efectos económicos inmediatos mientras los compromisos sociales, ambientales y regulatorios avanzan más lentamente.
Activar primero el pilar comercial podría consolidar un desequilibrio difícil de corregir después.
El trasfondo político agrava el bloqueo. Francia lidera la oposición, junto a Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, presionados por un sector agrícola movilizado.
En las últimas semanas, tractores han vuelto a las calles de París, Bruselas o Dublín. Los agricultores temen una competencia “desleal” de productos como carne, pollo, azúcar o soja, más baratos por menores costes laborales y ambientales.
Las defensa hacia el Mercosur
Frente a estas críticas, el Gobierno español se sitúa entre los principales defensores del acuerdo.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido tajante: “Mercosur es una oportunidad y no un riesgo”.
Ha recordado que el pacto permitirá exportar el 93% de los productos agroalimentarios europeos sin aranceles, mientras que las importaciones desde Mercosur se limitarán al 82%, con contingentes reducidos, cláusulas de salvaguarda y un fondo de compensación.
Además, Planas ha subrayado que “no entrará nada que no cumpla las normas de la Unión Europea” y ha defendido la entrada en vigor anticipada del acuerdo, incluso antes del pronunciamiento del Tribunal.
“El mecanismo ordinario es que entre en vigor; no hacerlo sería una excepción”, ha insistido.
En el fondo, el dilema va más allá del comercio. Para países como Alemania, el acuerdo es clave para su industria, especialmente la automovilística.
Para otros, el coste político interno pesa más que los beneficios macroeconómicos. Y para Bruselas, está en juego algo mayor: la credibilidad de la política comercial europea y el equilibrio entre eficacia económica y control democrático.
Hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie —o las instituciones logren un consenso político—, el acuerdo UE-Mercosur seguirá atrapado entre la ambición estratégica y las resistencias internas. Un pacto histórico que, 25 años después, aún busca la fórmula para avanzar.