Puigdemont quiere dificultar la labor de gobierno de Pedro Sánchez. Frustradas sus aspiraciones a convertirse en presidente de la Generalitat de Catalunya y liberado de sus compromisos con el PSOE tras la aprobación de la Ley de Amnistía, el líder de Junts ha ordenado a su grupo parlamentario del Congreso de los Diputados que se pasen a la oposición.
De ahora en adelante, los posconvergentes se desmarcan del bloque del Gobierno, que incluye a otros partidos independentistas, tales como ERC y Bildu. Además, estos exigirán onerosas contraprestaciones a cambio de sus votos.
Esta semana, los diputados encabezados por Míriam Nogueras votaron en contra del techo de gasto, lo cual torpedea la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Tras este, el próximo paso en la estrategia de Puigdemont es presentar una enmienda a todas las cuentas públicas si Sánchez no se somete a sus exigencias.
En consecuencia, Junts deja colgando de un fino hilo la legislatura. Sin embargo, al PSOE no le coge desprevenido esta situación. En enero, los herederos de Convergència estuvieron a punto de hacer saltar por los aires los decretos ómnibus y el de anticrisis. Por ello, el Ejecutivo tuvo que ceder en el último momento para conseguir el apoyo del partido de puigdemont. El precio a pagar fueron una serie de concesiones vinculadas con la Ley de Amnistía, la transferencia de las competencias de inmigración y una reforma de la Ley de Sociedades de Capital con lo que revertir un real decreto del PP de 2017.
Aunque, a lo largo de estos meses la relación del Gobierno con Junts se había normalizado mientras se redactaba el texto de la amnistía, el escenario poselectoral en Cataluña ha alterado su alianza. Asimismo, los posconvergentes se oponen a las medidas económicas que Sumar ha incluido en la hoja de ruta del Gobierno de coalición.
Una prórroga prespuestaria imposible
Hacienda pretende llevar al Congreso de nuevo la misma senda fiscal que Junts, junto a PP y Vox, tumbó la semana pasada, así como presentar el proyecto de prespuestos en octubre de este año, tal y como tenía previsto. «Yo creo que esta propuesta que tenemos sobre la mesa es una propuesta muy sensata y muy positiva para las comunidades autónomas y los ayuntamientos», dijo el viernes el ministro de Economía Carlos Cuerpo. Si Puigdemont cumple su amenaza, volverá a votar en contra de esta hoja de ruta y de la tramitación de las cuentas, prevista para diciembre.
Esto obligaría a la Moncloa a prorrogar, por segunda vez en menos de un año, los presupuestos de 2023, poniendo punto y final a la legislatura y precipitando unas nuevas elecciones generales en 2025.
El naufragio de las cuentas dejaría varios cabos sin atar. El Gobierno quería usar el proyecto de ley para solventar el sistema de quitas de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en el que María Jesús Montero, vicepresidenta primera, lleva más de medio año trabajando. También dejaría en el dique seco el fondo de nivelación con el que compensar la infrafinanciación de la que son víctima Andalucía, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana; así como el resto de compromisos que el presidente socialista adquirió con los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura en noviembre. Asimismo, se paralizaría el resto del calendario legislativo y la red de obligaciones que España debe tramitar junto a la Comisión Europea.
Los de Sánchez deben presentar ante Bruselas, tras el verano, su plan fiscal para reconducir las cuentas y garantizar el cumplimiento de las reglas europeas. No obstante, la incertidumbre política resta credibilidad a la hoja de ruta del Gobierno. La Moncloa ha diseñado una ambiciosa senda de déficit público que lo llevaría al 1,8% en 2027, efectuando, para ello, un ajuste fiscal que el Estado asumiría en solitario a través de los presupuestos. Además, nuestro país está pendiente del quinto desembolso de los fondos europeos. Para conseguir el pago completo de los mismos, los de Úrsula von der Leyen exigen, entre otras cosas, una reforma fiscal, que el Ministerio de Hacienda no detalla.
Asimismo, el desierto legislativo comentado paralizará la tramitación de otras leyes y medidas fundamentales. Por ejemplo, Yolanda Díaz no vería hecha realidad su reducción de la jornada laboral o su intención de encarecer la indemnización por despido. Del mismo modo, Isabel Rodríguez no conseguiría impulsar ninguna de sus iniciativas que tienen por objetivo limitar la proliferación de apartamentos turísticos o elevar la oferta de vivienda por medio de la Ley del Suelo que los socialistas registraron junto al PNV. Por último, María Jesús Montero no podría tramitar una reforma del sistema de financiación autonómica, impulsar el tipo mínimo para las multinacionales o reformular el gravamen para la banca y las energéticas.
