GettyImagesEl informe Draghi sentó como un jarro de agua fría en Bruselas. El documento advierte de una Europa que corre el riesgo de quedarse atrás frente a Estados Unidos y Asia si no corrige costes energéticos, fragmentación del mercado y, especialmente, una cultura regulatoria cada vez más pesada. Si bien el italiano describe un problema europeo, España representa uno de sus casos más complejos. El proceso federativo con 17 autonomías venidas en miniestados no ayuda en absoluto a ser efectivos en una época en donde cualquier proceso inoperante se paga caro. El propio informe parte de una idea sencilla: no basta con regular bien sobre el papel si los Estados no tienen la capacidad real de ejecutar, absorber y convertir esas normas en crecimiento económico. Y ahí es donde el debate español se vuelve más concreto.
ADELANTAR A LA CAPACIDAD
La Comisión Europea reconoce algo que hasta hace poco costaba escuchar en público: las deficiencias en la aplicación de las normas y en la culminación del mercado único tienen un impacto directo en la competitividad. Traducido al lenguaje cotidiano: Europa legisla más rápido de lo que algunos países pueden implementar.
Para Ignacio Bautista Roldán, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, este desfase no es solo técnico, sino estructural. España —explica— combina una alta densidad normativa con una administración fragmentada en múltiples niveles. El resultado no es necesariamente más protección, sino más inseguridad jurídica, especialmente para pymes que no tienen recursos para navegar ese entramado. “El problema no es solo cumplir, sino saber exactamente qué se debe cumplir, cuándo y ante quién”, resume.
Ignacio Bautista Roldán, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos
Ese exceso de capas convierte cada nueva directiva europea en una carrera de obstáculos nacionales y autonómicos. Y en ese proceso, la competitividad se erosiona sin que nadie pueda señalar una única norma como culpable. El laberinto se crea por interés político y acaba asfixiando a quien dicen proteger. Solución: realismo político.
Albert Givernau, director de la Fundación Civismo, lo plantea desde la perspectiva empresarial. En España, explica, la regulación no cae sobre grandes conglomerados con departamentos legales, sino sobre un tejido dominado por pymes y autónomos. Cada nueva obligación administrativa pesa más aquí que en otros países. No porque la norma sea distinta, sino porque la estructura empresarial es más frágil.
Insiste en una idea que conecta directamente con expertos: el problema no es una ley concreta, sino el efecto acumulativo. Laboral, fiscal, medioambiental, informativo: “Todo junto acaba siendo un freno al crecimiento”. Y añade: “Si la simplificación no se nota en el día a día de las empresas, seguirá siendo percibida como un ejercicio teórico”.
La propia Comisión reconoce que una parte relevante de los costes administrativos vinculados a fondos europeos procede de requisitos añadidos a nivel nacional. Dicho de otra forma: Bruselas empieza a admitir que el problema no siempre está en la norma europea, sino en cómo se gestiona en casa. Solución: Desregular masivamente.
MENOS PROGRAMAS
Uno de los cambios más ambiciosos que plantea la Comisión es la reforma de la política de cohesión a partir de 2028, con los llamados Planes Nacionales y Regionales de Asociación. Menos programas, un marco normativo único, más foco en resultados y menos en papeleo. Sobre el papel, la propuesta responde a muchas de las críticas puestas sobre la mesa. Para España, podría ser una oportunidad: pasar de una cultura de cumplimiento formal a una lógica de impacto real. Pero también plantea un reto: exige administraciones más profesionalizadas, digitalizadas y coordinadas. Sin eso, el riesgo es que el nuevo sistema reproduzca viejos problemas.
España ha hecho mucho por la digitalización. Tanto, que es uno de los países de la UE con tasas más altas en este campo. El problema está en la administración sobredimensionada y superpuesta a nivel nacional y autonómico.
Ahora bien, si hay un ámbito donde la realidad se vuelve especialmente dolorosa, es el energético. Draghi alerta de que los altos precios de la energía están expulsando industria de Europa, algo sobre lo que también mostró su preocupación Letta o Friedrich Merz. España vive en una contradicción: dispone de un enorme potencial renovable, pero no siempre consigue trasladarlo a su tejido productivo.
Samuele Furfari, ex alto funcionario de la Comisión Europea y profundo conocedor de la política energética comunitaria, lo expresa con crudeza: “Europa ha construido un marco regulatorio que, en nombre de objetivos legítimos, encarece la energía y debilita la industria”. En España, añade, la combinación de regulación climática, fiscalidad y lentitud administrativa impide convertir la ventaja renovable en una ventaja competitiva real.
Furfari recuerda que “España tiene recursos renovables extraordinarios, pero no un marco regulatorio ni administrativo que permita transformar esa ventaja natural en industria, empleo estable y precios competitivos para las empresas”. Por eso, sin correcciones, “la transición puede terminar exportando industria en lugar de atraerla”. Esto afecta directamente a sectores clave como la automoción o las industrias intensivas. Sin precios estables, permisos ágiles y certidumbre regulatoria, la inversión se marcha.
Samuele Furfari, ex alto funcionario de la Comisión Europea
Los líderes económicos hablan de inversión, mercado único y escala. La Comisión responde con planes, indicadores y estrategias. Los expertos lo traducen a una conclusión más simple: la competitividad es, en gran medida, un problema de gobernanza. Gobernanza jurídica, para Bautista Roldán. Gobernanza económica y empresarial, para Givernau. Gobernanza energética e industrial, para Furfari. Tres miradas distintas que convergen en una misma idea: sin capacidad administrativa, sin simplificación real y sin marcos estables, la mejor regulación pierde eficacia.
España pone a prueba el giro recomendado. No basta con mirar a Bruselas. El verdadero examen está en casa: cómo se legisla, cómo se ejecuta y cómo se traducen las normas en crecimiento. El debate ya no es si Europa debe regular más o menos, sino si puede hacerlo sin erosionar la base productiva que sostiene su modelo social.
Momento de actuar
Albert Guivernau, economista y director de la Fundación Civismo, ahonda en la importancia estratégica que supone para España un cambio en la forma de regular
Albert Guivernau
En el caso de España, ¿hasta qué punto su estructura productiva la convierte en uno de los países más afectados por el actual modelo regulatorio?
El diagnóstico que plantea el informe de Mario Draghi encaja de forma muy precisa con el caso español. España tiene una estructura productiva fuertemente basada en pymes y en sectores de servicios de valor añadido medio o bajo, que son precisamente los más sensibles a la complejidad regulatoria. A diferencia de las grandes corporaciones industriales, estas empresas no cuentan con departamentos jurídicos o de cumplimiento normativo capaces de absorber costes regulatorios crecientes. En ese contexto, un modelo europeo que acumula regulación de forma uniforme penaliza especialmente a economías como la española. Cada nueva obligación administrativa, medioambiental o laboral tiene un impacto proporcionalmente mayor sobre nuestras empresas, reduciendo márgenes, frenando la inversión y desincentivando el crecimiento empresarial. Por eso España es uno de los países donde más claramente se manifiestan los efectos adversos del modelo regulatorio que Draghi cuestiona.
¿Cree que la situación económica y administrativa de España encaja con el nivel de exigencia regulatoria que impone hoy la UE o existe un desajuste estructural?
Existe un desajuste evidente entre el nivel de exigencia regulatoria que impone hoy la Unión Europea y la capacidad administrativa y productiva de la economía española. España arrastra debilidades estructurales bien conocidas: baja productividad, escasa dimensión empresarial, un mercado laboral muy intervenido y una administración pública que no siempre destaca por su eficiencia. Cuando se aplican marcos regulatorios pensados para economías más capitalizadas, más industrializadas o con mayor capacidad institucional, el resultado en España no es convergencia, sino fricción.
Si España no adapta su política económica y regulatoria, ¿qué riesgos concretos sufrirá?
Los riesgos a medio plazo son claros. En primer lugar, un estancamiento del empleo de calidad: se puede seguir creando ocupación, pero en sectores de baja productividad y alta dependencia del ciclo, sin mejoras salariales sostenidas. En segundo lugar, una cronificación del problema de productividad. El crecimiento reciente del PIB español se ha apoyado en gran medida en el gasto público y en el aumento del empleo, no en ganancias de eficiencia ni en inversión privada. Ese crecimiento es difícilmente sostenible y genera una ilusión de dinamismo que no se traduce en convergencia real con las economías más avanzadas de la UE.