Venezuela representa el quinto proveedor de petróleo para España a través de RepsolCarlos Martín, portavoz económico de Sumar, sugirió este martes que el Estado tome el control de Repsol. La propuesta viene como respuesta a la decisión de la empresa de mover inversiones a Portugal, como una medida para presionar el fin de los impuestos extraordinarios en el sector energético.
Martín calificó el anuncio de Repsol como un “chantaje fiscal” contra España. Recordó que esta compañía nación “de la privatización de las empresas públicas agrupadas en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, como la distribuidora Campsa, la refinería Enpretrol o Butano”.
Los ejecutivos y accionistas de Repsol se han embarcado en una operación de “chantaje fiscal” contra España. Amenazan con llevarse inversiones estratégicas a Portugal si no se rebajan los impuestos sobre los beneficios históricos que están registrando
— Carlos Martín Urriza (@carlosurriza) October 21, 2024
Sumar es una coalición de partidos y movimientos de izquierda, del que forma parte la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz.
Martín quiere enfrentar el “chantaje”, propuso aumentar los impuestos a aquellas empresas energéticas que se nieguen a realizar inversiones estratégicas para impulsar la transición verde en España.
También cree que es necesario impulsar una regulación europea para impedir el “dumping” (la competencia desleal) entre países y el “chantaje fiscal” empresarial. Además, considera oportuno que el Estado inicie un proceso para ganar participación dentro de Repsol, tal como hizo en 2023 con Telefónica.
La decisión de Repsol
Repsol anunció el lunes que moverá a Portugal (Sines) la inversión del primero de varios proyectos de hidrógeno verde, huyendo del impuesto extraordinario a la banca y las energéticas que pretende ratificar el gobierno español.
Justo el viernes pasado, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo que estudian establecer de forma permanente los impuestos extraordinarios al sector, que habían servido para “cubrir el escudo social” tras la crisis del Covid en 2020 y la guerra en Ucrania.
Antonio Brufau, presidente de Repsol, dijo a finales de 2023 que le resultaba “incomprensible” que la administración de Pedro Sánchez mantuviera ese impuesto basado en “hipotéticos” beneficios extraordinarios. “Los costes a los que el Gobierno somete a sus empresas las coloca en clara desventaja competitiva”, protestó.
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