En un movimiento clave para sanear su situación financiera, Correos ha reducido su capital social en 211 millones de euros, con el objetivo de compensar las pérdidas acumuladas en los últimos años y las previstas para 2024. La medida ha sido ejecutada por su socio único, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mediante la amortización de 211.521 acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una, según lo publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).
Pero esto no ha sido todo. La SEPI también ha tomado otras decisiones financieras estratégicas: ha destinado 61,8 millones de euros de la reserva legal para cubrir pérdidas anteriores. Dejando esta reserva en 40 millones, un 10% del nuevo capital social. Además, ha inyectado 183 millones de euros para contrarrestar las reservas negativas derivadas de la fusión en 2022 con su filial Nexea, especializada en servicios postales digitales.
23,4 millones para reducir pérdidas
También se han empleado 23,4 millones de euros para reducir pérdidas adicionales y 5 millones más para ajustar las reservas negativas relacionadas con la transición al nuevo Plan General Contable.
Estas decisiones están respaldadas por la Ley de Sociedades de Capital, que establece que una empresa debe disolverse si su patrimonio neto se reduce por debajo de la mitad de su capital social. Salvo que se adopten medidas como las que ha implementado Correos.
Cuatro años de pérdidas
En los últimos cuatro años, el operador público postal ha acumulado pérdidas cercanas a los 700 millones de euros. Una cifra alarmante que ha llevado al Gobierno a aprobar un nuevo plan estratégico. Entre las novedades más destacadas, se encuentra el aumento de la financiación estatal para el servicio postal público: Correos pasará de recibir 110 millones de euros anuales a un rango de 210-250 millones a partir de ahora.
Con estos ajustes, Correos busca estabilizar su situación financiera y garantizar la continuidad de su misión como operador postal público en España. Sin embargo, el camino hacia la sostenibilidad económica sigue siendo un reto que estará bajo el escrutinio público.
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