El frente judicial vuelve a estrecharse sobre BBVA. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en la Audiencia Nacional por los encargos realizados al excomisario José Manuel Villarejo, en una de las piezas más relevantes del conocido caso Tándem.
La cifra es contundente: 181,8 millones de euros en multas para la entidad. La Fiscalía atribuye al banco un delito continuado de cohecho y 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, lo que eleva significativamente la presión sobre una de las principales entidades financieras del país.
Decena de acusados en clave pasado de BBVA
Pero el foco no está solo en la compañía. La causa incluye a una decena de acusados, entre ellos figuras clave del pasado de BBVA. Destaca la petición de 174 años de prisión para Villarejo, mientras que el exjefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, se enfrenta a la mayor pena: 243 años por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
También aparece en el escrito el expresidente Francisco González, para quien se solicitan 173 años de cárcel por delitos similares. Aunque las cifras resultan impactantes, en la práctica el cumplimiento efectivo estaría limitado por ley a un máximo significativamente inferior: entre 15 y 18 años, dependiendo del caso.
El procedimiento no incluye al ex CEO Ángel Cano, pero sí a otros antiguos directivos del banco, lo que evidencia la profundidad del caso dentro de la estructura corporativa de la entidad durante aquellos años.
Más allá de las cifras, lo que está en juego es la reputación. Este proceso vuelve a poner sobre la mesa los límites entre inteligencia corporativa y prácticas ilícitas, en un contexto donde la gobernanza, la transparencia y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares clave del sector financiero.

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