BruselasLa Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por las sanciones impuestas en 2024 a varias aerolíneas —Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea— por cobrar suplementos por el equipaje de mano y por la reserva de asientos contiguos para acompañantes de personas dependientes.
Las multas, que ascendieron a 179 millones de euros, fueron impuestas por el Ministerio de Consumo el pasado año.
Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios, un principio protegido por la normativa comunitaria sobre el transporte aéreo.
En este contexto, la Comisión ha remitido a España una carta de emplazamiento —primera fase del procedimiento sancionador europeo— en la que da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades detectadas.
La Comisión Europea sostiene que los recargos aplicados por las aerolíneas pueden formar parte del modelo comercial de cada operador y, por tanto, no pueden ser objeto de sanción nacional si no vulneran el derecho comunitario. Según la institución, el enfoque español podría vulnerar la libre competencia y crear distorsiones en el mercado único europeo.
Las consecuencias de la infracción
El procedimiento abierto se enmarca en la estructura habitual de los expedientes de infracción: si no hay acuerdo durante este periodo de diálogo, Bruselas podría emitir un dictamen motivado, segunda fase del proceso.
Si el conflicto persiste, el caso podría elevarse finalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La sanción impuesta por el Gobierno español en 2024 fue una de las mayores multas al sector aéreo en la historia reciente, impulsada por la Dirección General de Consumo tras miles de reclamaciones de pasajeros.
El Ejecutivo defendió entonces que el cobro por equipaje de mano o por la elección de asientos contiguos vulneraba los derechos básicos de los consumidores.