BruselasBruselas ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España por no haber incorporado a su legislación las normas necesarias para la puesta en marcha de la plataforma europea de información financiera y de productos de inversión (ESAP, por sus siglas en inglés).
Esta herramienta, concebida como un punto único de acceso a datos públicos, es una de las piezas clave del paquete legislativo comunitario para simplificar y unificar la transparencia financiera en la Unión Europea.
El plan de despliegue de ESAP se estructura en tres fases. La primera está fijada para julio de 2026, cuando los Estados deberán comenzar a remitir la información a las autoridades nacionales para su posterior incorporación a la plataforma.
Sin embargo, antes de alcanzar ese hito, los países tenían la obligación de transponer las nuevas reglas de transparencia a más tardar en julio de 2025, un requisito que España y otros catorce Estados miembros no han cumplido.
La Comisión ha enviado a las autoridades españolas una carta de emplazamiento, el primer paso del proceso sancionador, que otorga un plazo de dos meses para corregir las deficiencias.
Si España no actúa dentro de ese periodo, Bruselas podría avanzar en el expediente y, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Otros amenazados por Bruselas
La advertencia no se limita a España. Junto a ella, también han recibido notificaciones Bulgaria, Estonia, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Austria, Portugal, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Suecia. Todos ellos figuran en la lista de gobiernos rezagados en la transposición de la normativa.
El proyecto ESAP busca facilitar el acceso a información financiera y de inversión en toda la UE, eliminando la fragmentación entre jurisdicciones nacionales.
Bruselas considera que esta plataforma contribuirá a mejorar la transparencia, favorecer la integración de los mercados de capitales y reforzar la protección de los inversores.
Con este expediente, la Comisión lanza un mensaje claro sobre la urgencia de cumplir los plazos legislativos que permitan avanzar hacia un mercado único europeo más integrado y accesible en materia financiera.