GettyImagenLa Comisión Europea urgió a los gobiernos de la Unión Europea a implementar medidas fiscales que favorezcan la compra de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, con especial énfasis en las flotas empresariales.
Esta iniciativa busca apoyar a una industria del automóvil que actualmente se encuentra “en peligro” y en desventaja frente a competidores como China.
La propuesta fue presentada por Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, durante la rueda de prensa en la que dio a conocer un plan de acción para revitalizar el sector.
Sin embargo, destacó que este plan aún no incluye propuestas legislativas concretas, instando a los gobiernos a adelantarse a Bruselas.
Tzitzikostas subrayó que, para mejorar la competitividad, los gobiernos deben proporcionar incentivos fiscales que fomenten la adquisición de vehículos de cero emisiones, además de utilizar parte de los ingresos generados por el uso de la red viaria para financiar infraestructuras públicas de recarga y repostaje.
Esta medida busca no solo impulsar la transición hacia la movilidad eléctrica, sino también fortalecer el mercado europeo frente a la creciente supremacía de los competidores internacionales.
La propuesta para vehículos eléctricos
En paralelo, la Comisión Europea trabaja en una reforma fiscal que podría eliminar progresivamente la deducción del IVA en vehículos convencionales, como parte de su plan para promover una transición ecológica en el sector automovilístico.
Asimismo, se propuso flexibilizar el calendario de reducción de emisiones de CO2 para la industria, ofreciendo tres años adicionales a los fabricantes para cumplir con los objetivos, antes de que se apliquen sanciones por incumplimiento.
El paquete de medidas también contempla un apoyo significativo a los fabricantes de baterías para coches eléctricos, con una asignación de 1.800 millones de euros a través del Fondo Europeo de Innovación para los próximos dos años.
Además, la Comisión continuará impulsando la regulación de los vehículos autónomos, con el respaldo de inversiones público-privadas cercanas a los 1.000 millones de euros en el periodo 2025-2027.