Javier VillagránEl ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que no tiene constancia de que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción contra España en relación con la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. Ha defendido que las condiciones impuestas por el Ejecutivo se han adoptado “ciñéndose exclusivamente y de manera muy estricta” a la legislación nacional.
En declaraciones realizadas antes de su participación en el Foro ICEX 2025. El ministro respondió así tras la publicación de una información por parte del diario Expansión. Que avanzaba que Bruselas prevé iniciar un procedimiento formal por considerar que España ha obstaculizado la operación.
Carlos Cuerpo podrá imponer condiciones
Cuerpo ha recordado que la normativa española permite al Gobierno imponer condiciones adicionales a una operación de este tipo siempre que se justifiquen en el interés general, más allá de las estrictamente ligadas a la competencia. “Estas condiciones, además, deben tener un componente de proporcionalidad, y esa ha sido precisamente la línea de actuación del Ejecutivo”, ha subrayado, mostrando su convicción de que la legislación nacional está plenamente alineada con el marco jurídico europeo.
El pasado 24 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la opa del banco vasco con una condición clave: que durante los tres próximos años ambas entidades mantengan su personalidad jurídica independiente. Lo que supone en la práctica vetar cualquier fusión en ese periodo. Esta medida podrá ser prorrogada por otros dos años adicionales si el Ejecutivo considera que no se han cumplido los objetivos inicialmente establecidos.
Ese mismo día, la Comisión Europea advirtió a España de que utilizará todos los instrumentos a su alcance para eliminar restricciones injustificadas al mercado único. Impuestas por los Estados miembros.
Cabe recordar que a finales de 2024, Bruselas ya había activado un procedimiento de tipo informal, conocido como EU Pilot. Para recabar información sobre la actuación del Gobierno español. Este mecanismo, que no implica necesariamente la apertura inmediata de un expediente sancionador. Sirve como paso previo para evaluar si existen fundamentos para iniciar un procedimiento de infracción.