GettyImagenLa Generalitat ha anunciado la creación de una empresa mixta con Renfe para gestionar los trenes de cercanías, esquivando así la normativa europea que obliga a sacar estos servicios a concurso. El nuevo operador, que se llamará Rodalies de Catalunya SME SA, arrancará el 1 de enero de 2026 y se ha diseñado con un objetivo muy claro: mantener el control público sin pasar por licitación.
Todo esto va en contra de lo que marca el Reglamento Europeo 1370/2007, que exige que los servicios ferroviarios considerados Obligaciones de Servicio Público (OSP) como cercanías, regionales o media distancia se adjudiquen por concurso público, transparente y no discriminatorio. España deberá cumplirlo a partir de 2028, aunque ya hay un contrato actual entre el Estado y Renfe (firmado en 2018 y prorrogable hasta 2032).
Pero Cataluña se ha saltado el guion. El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat plantea un modelo mixto en el que Renfe tendrá el 50,1% de la nueva empresa y la Generalitat el 49,9%, pero ojo: el control real estará en manos del Govern gracias a un diseño de gobernanza que le da mayoría en el consejo (cinco miembros frente a cuatro, y con voto de calidad).
Un movimiento con varias capas: laboral, legal y competitiva
Este diseño busca calmar las aguas entre los trabajadores de Renfe, que llevan tiempo tensando la cuerda con amenazas de huelga, y a la vez evitar la entrada de nuevos competidores. Entre ellos, gigantes como SNCF (ya presente en España con Ouigo) o Transdev, que estarían encantados de entrar en el mercado de cercanías si se abren concursos.
Ahora bien, para que el modelo funcione como espera la Generalitat, el nuevo operador debe ser considerado “interno” según la normativa europea. Es decir: debe ser público, no competir fuera de Cataluña y estar plenamente controlado por una administración pública. Ya hay precedentes como Euskotren, FGC o FGV que han conseguido operar así sin pasar por concurso.
El problema es que el modelo catalán es más complejo que el de FGC, y eso ha levantado cejas en organismos como la CNMC, que ya ha dejado claro que la adjudicación directa solo es legal si se cumplen todos los requisitos del reglamento. De hecho, el regulador ha recordado que las normas europeas también se aplican a las comunidades autónomas, dejando caer que el experimento catalán podría acabar en los tribunales.
¿Precedente o provocación? El mapa ferroviario se remueve
Por ahora, el Ministerio de Transportes no ha dicho ni sí ni no, y sigue trabajando en la orden ministerial que regulará el procedimiento general de licitación de servicios ferroviarios OSP. Mientras tanto, la CNMC insiste en que todos Gobierno central y autonomías, deberían apostar por procesos abiertos y progresivos para adaptar el sistema ferroviario español a lo que pide Bruselas.
Con este movimiento, Cataluña se adelanta al proceso nacional y sienta un precedente muy potente. Pero ojo, porque si Bruselas o la CNMC tumban este modelo, la Generalitat podría verse obligada a abrir Rodalies a concurso… o a rediseñar de nuevo todo el sistema.
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