GettyImagenEl mercado mayorista de combustibles en España entra en una nueva fase de tensión tras la denuncia presentada por Hatta Energy ante la Comisión Europea, de acuerdo a un informe de Bloomberg.
La compañía acusa a grandes operadores del sector de restringir la competencia y consolidar una posición dominante en el negocio.
La denuncia señala directamente a Repsol, BP y Moeve, junto al gestor logístico Exolum y al propio Estado español, en un movimiento que eleva el conflicto al ámbito comunitario.
El caso apunta a un posible desequilibrio estructural en uno de los mercados estratégicos de la economía.
Hatta sostiene que existen “comportamientos corporativos coordinados y actuaciones estatales” que limitan la competencia efectiva en la distribución mayorista de hidrocarburos.
En su escrito, la empresa describe un entorno que, a su juicio, favorece la concentración frente a nuevos actores.
Según la compañía, el actual marco operativo del mercado estaría diseñado para expulsarla y consolidar un supuesto “oligopolio” dominado por los grandes grupos del sector.
Esta acusación se extiende también a la infraestructura logística, clave para el almacenamiento y transporte de combustibles.
El peso de Hatta Energy
En los últimos años, Hatta ha ganado peso como operador independiente, con un crecimiento notable en ingresos y red comercial.
Su modelo, basado en la importación y distribución sin activos propios, le ha permitido posicionarse como el mayor operador independiente del país.
Sin embargo, la empresa denuncia la existencia de un “cartel de facto” articulado mediante barreras regulatorias, limitaciones logísticas y negativas de suministro.
Este escenario, según su argumentación, distorsiona el funcionamiento del mercado.
Uno de los puntos críticos es la figura fiscal del “operador de confianza”, que exime a ciertas compañías del pago anticipado de impuestos.
Hatta asegura que no dispone de este estatus, lo que le obliga a asumir mayores costes financieros.
Por el momento, las compañías señaladas y las autoridades implicadas han optado por no pronunciarse. La decisión de Bruselas será clave para determinar el alcance real de estas acusaciones y su impacto en el sector energético español.