Congreso de EspañaEl Congreso de los Diputados dio luz verde a la creación de un impuesto mínimo global del 15% para las grandes multinacionales, un tributo que afectará a las empresas con ingresos superiores a los 750 millones de euros anuales.
El proyecto de ley, aprobado en la Comisión de Hacienda, busca asegurar que las multinacionales tributen al menos este 15% en España, alineándose con los acuerdos internacionales de la OCDE.
Se estima que la medida que entrará en vigor afectará a alrededor de 830 grupos empresariales que operan en el país.
Queda espera que el impuesto pase ahora al Pleno del Congreso, donde debe recibir el apoyo definitivo de los partidos del gobierno antes de su tramitación en el Senado.
El nuevo impuesto se implementará en tres modalidades: un impuesto complementario nacional para las multinacionales españolas que paguen menos del 15% en Impuesto de Sociedades; otro complementario primario para las filiales extranjeras de grupos españoles, y uno adicional secundario que gravará a las filiales de multinacionales extranjeras establecidas en España si sus países de origen no aplican el impuesto mínimo global.
Aunque la ley ha sido respaldada por PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG, y se espera que pase el Pleno del Congreso, el proceso ha estado marcado por tensiones y negociaciones.
Los socialistas se vieron obligados a detener la comisión durante cuatro horas para asegurar los apoyos necesarios, lo que generó fuertes críticas de PP y Vox, que acusaron al PSOE de «secuestrar» el proceso.
¿Y el impuesto para la banca y las energética?
El debate sobre los gravámenes a la banca y las energéticas, sin embargo, no ha tenido el mismo resultado.
El PSOE no logró transformar el impuesto a la banca en un gravamen gestionado por las haciendas forales, tal como había pactado con el PNV.
Ante la falta de acuerdos, los socialistas tuvieron que prometer a ERC, EH Bildu y BNG que tramitarán el impuesto a la banca en el Pleno del jueves y prorrogarán un año el tributo a las energéticas, pese a un acuerdo previo con Junts para dejar que expire el 31 de diciembre de 2024.
El proyecto también incluye medidas para luchar contra el fraude en el sector de los hidrocarburos y mejorar la tributación de los artistas. Además, el PSOE ha propuesto cambios en el Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente la reforma fiscal de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda.
Sin embargo, no se logró aprobar otras reformas clave, como la subida de los impuestos al diésel y la reforma fiscal de las Socimis, que el PSOE había pactado con Sumar.
El Gobierno asegura que la nueva normativa podría generar hasta 1.000 millones de euros al año en ingresos, aunque la cifra exacta aún no ha sido confirmada por la Agencia Tributaria.
España llega tarde en la implementación de este impuesto, ya que debía haberlo aprobado antes del 31 de diciembre de 2023, según lo estipulado por la Directiva de la UE.
A pesar de las derrotas en algunos puntos, el avance del proyecto marca un paso importante en la reforma fiscal del país y en su alineación con los estándares internacionales.
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