GettyImagenTelefónica ha recuperado judicialmente sus opciones de adjudicarse un contrato público de ciberseguridad valorado en 63 millones de euros, pero el Gobierno ha dejado ahora el procedimiento en suspenso por falta de cobertura presupuestaria.
La operadora logró recientemente que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) anulara su exclusión del tercer lote del macrocontrato estatal de telecomunicaciones CORA, destinado a servicios de ciberseguridad e interconexión de datos para la Administración General del Estado.
La resolución también invalidó la decisión que había declarado desierto el concurso.
Sin embargo, cuando el proceso debía reanudarse, la Mesa de Contratación advirtió de un nuevo problema.
Según consta en el acta del procedimiento, varios organismos cofinanciadores anularon las correspondientes retenciones de crédito durante la tramitación del recurso, provocando una “pérdida sobrevenida de la cobertura presupuestaria”.
Pese a ello, el órgano de contratación ha ejecutado la resolución del tribunal y ha acordado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la exclusión de Telefónica.
De este modo, la compañía vuelve a figurar como candidata válida dentro del procedimiento.
El conflicto se remonta a julio de 2025, cuando el Gobierno adjudicó la tercera edición del contrato CORA, dotado con 340 millones de euros para centralizar las comunicaciones de más de 85 organismos públicos.
El lote de ciberseguridad se adjudicó inicialmente a una unión temporal de empresas formada por Orange, TRC y Mnemo.
Las quejas de Telefónica
Telefónica recurrió aquella decisión al cuestionar el cumplimiento de determinados requisitos por parte de Mnemo.
Tras prosperar ese recurso, la operadora también fue excluida posteriormente por cuestiones relacionadas con uno de sus proveedores, una decisión que igualmente acabó revocada por el TACRC.
Mientras se resuelve la situación administrativa y presupuestaria, Telefónica continúa prestando el servicio mediante una prórroga forzosa vigente desde diciembre de 2025.
El futuro de uno de los contratos tecnológicos más relevantes de la Administración queda ahora condicionado a la recuperación de los fondos necesarios para completar la adjudicación.