RenfeEl Ministerio de Transportes ha aplazado hasta el 1 de enero de 2028 la apertura a la competencia del 3% de los servicios ferroviarios subvencionados por Obligaciones de Servicio Público (OSP), un paso clave hacia la liberalización del sector. Este proyecto piloto, previsto inicialmente para 2026, se pospone porque el Gobierno aún no ha determinado qué rutas serán objeto de licitación.
El retraso se formalizó a finales de 2024 mediante una adenda al contrato vigente entre el Estado y Renfe Viajeros, según ha publicado el Ministerio de Transportes. El documento, identificado como adenda número 6 del contrato OSP 2018-2027, confirma que la liberalización no podrá comenzar antes de 2028. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) será la encargada de definir los servicios a licitar antes del 30 de junio de 2025, a propuesta del equipo del ministro Óscar Puente.
Este movimiento supone una demora en la aplicación del Cuarto Paquete Ferroviario de la UE, que exige desde diciembre de 2023 que todos los servicios públicos ferroviarios se adjudiquen por concurso, salvo excepciones justificadas. España adjudicó en 2022 directamente a Renfe la operación de estos servicios hasta 2027, con opción de prórroga hasta 2032, y se comprometió a licitar al menos un 3% del valor total, unos 60 millones de euros anuales como prueba piloto.
Entre los servicios que se barajaban para este ensayo figuraban algunos trayectos Avant de media distancia, como Madrid-Valladolid o el Eje Atlántico gallego, debido a su alta ocupación y menor dependencia de subvenciones, lo que los haría atractivos para operadores privados.
Sin embargo, más de dos años después del compromiso, el Gobierno no ha concretado qué rutas se licitarán, y la liberalización efectiva se retrasa.
Competencia y advertencias de la CNMC
La CNMC ha subrayado la importancia de que este proceso garantice igualdad de condiciones para los nuevos operadores y ha advertido que los pliegos de licitación deben evitar ventajas competitivas para Renfe. El regulador pide transparencia, criterios objetivos y requisitos técnicos proporcionados. Además, exige que los servicios adjudicados generen al menos un 30% de nueva demanda y no reduzcan los ingresos de Renfe en más de un 1%, para mantener el equilibrio económico de la red.
Interés del sector, pero con obstáculos
Empresas como Alsa, Ouigo o su matriz francesa SNCF han expresado interés en participar, sobre todo en trayectos Avant. Sin embargo, han criticado la falta de acceso a material rodante, la carencia de instalaciones de mantenimiento y el escaso margen para competir con Renfe.
La experiencia en países como Alemania, Suecia o Francia demuestra que abrir los servicios OSP a la competencia puede suponer mejoras en calidad, precios y oferta. En España, la entrada de nuevos operadores en la alta velocidad comercial no subvencionada ya ha tenido un impacto notable. Solo en 2023, la CNMC calcula que se generaron beneficios por valor de 578 millones de euros entre ahorros para usuarios y mejoras de eficiencia, pese a que estas compañías siguen registrando pérdidas contables millonarias.