Banco Santander refuerza su papel en uno de los grandes retos económicos y sociales del país: el acceso a la vivienda. La entidad ha superado ya las 650 viviendas de protección oficial financiadas a través de la Línea ICO Vivienda, un programa impulsado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y respaldado por los fondos europeos Next Generation EU. Un hito que sitúa al banco en una posición de liderazgo dentro del ecosistema financiero vinculado al alquiler asequible.
Desde la propia entidad subrayan un dato diferencial: Santander es actualmente la única entidad financiera en España que está participando de forma activa en la financiación de proyectos de vivienda social y asequible a través de esta línea del ICO. Un movimiento que no solo tiene impacto reputacional, sino que también refuerza su estrategia de banca sostenible y de alineación con las políticas públicas de vivienda.
Un programa progresivo desde mayo de 2025
El despliegue del programa ha sido progresivo y territorialmente diversificado. La primera operación se cerró en mayo de 2025 en Vitoria, con la financiación de 120 viviendas de VPO en el barrio de Zabalgana. Meses después, en septiembre, se sumó un nuevo proyecto en Toledo con 86 viviendas. El salto cuantitativo llegó en octubre, cuando Santander y el ICO impulsaron 319 viviendas de alquiler asequible en la provincia de Alicante, repartidas entre Alicante capital, El Campello y San Juan de Alicante.
La operación más reciente en Las Rozas
La operación más reciente se ha formalizado este mismo mes de enero en Las Rozas (Madrid), con la financiación de 142 nuevas viviendas de protección oficial, lo que eleva el volumen total de promociones en ejecución por encima de las 650 unidades y amplía el alcance geográfico del programa.
Más allá del volumen, el foco está en el modelo. Todos los proyectos cumplen criterios de eficiencia energética y están destinados al alquiler social o a precio asequible, en línea con los objetivos europeos de sostenibilidad y cohesión social. Este enfoque convierte a la vivienda en un activo estratégico no solo desde el punto de vista inmobiliario, sino también climático y social.
Un elemento clave del engranaje es el respaldo público. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cubre el 50% de estas operaciones mediante avales, lo que reduce el riesgo financiero y facilita la movilización de inversión privada hacia un segmento históricamente infrafinanciado.
Con este movimiento, Santander no solo amplía su presencia en el negocio inmobiliario institucional. Se posiciona como actor financiero clave en la nueva política de vivienda en España, donde la colaboración público-privada empieza a marcar el ritmo del cambio.
