Getty ImagesEl Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez acelera en el frente económico. Con el impacto de la guerra en Irán todavía desplegándose en los mercados, el Gobierno ultima un paquete de medidas fiscales que apunta directamente al bolsillo del consumidor y a los costes empresariales. La más relevante: una posible rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%.
La medida, aún en fase de ajuste, responde a una lógica clara: contener el efecto inmediato del encarecimiento energético. En un escenario donde el precio del petróleo vuelve a tensionarse, reducir la carga fiscal se convierte en una herramienta rápida para amortiguar el golpe, tanto para familias como para empresas intensivas en transporte.
Nuevos ajustes fiscales en la electricidad
Pero no llega sola. El plan también contempla nuevos ajustes fiscales en la electricidad, ampliando así el escudo energético que el Gobierno ya ha activado en anteriores crisis. La idea es replicar —y adaptar— fórmulas que ya funcionaron en contextos como el de la guerra en Ucrania: intervención selectiva, alivio fiscal y mensaje de estabilidad.
Detrás de este movimiento hay una lectura estratégica evidente. La energía vuelve a ser el epicentro de la inflación y de la competitividad empresarial, y cualquier variación en su coste tiene un efecto inmediato en toda la cadena económica. Desde la logística hasta la industria, pasando por el consumo diario, el impacto es transversal.
Para el tejido empresarial, especialmente pymes y sectores como el transporte o la distribución, una rebaja del IVA puede suponer un balón de oxígeno a corto plazo. Sin embargo, también abre el debate sobre su sostenibilidad en el tiempo y su impacto en las cuentas públicas.
En clave política, la medida refuerza el posicionamiento del Ejecutivo como actor activo ante crisis externas. La rapidez en la respuesta se convierte en parte del mensaje, en un contexto donde la incertidumbre global exige reflejos casi inmediatos.